El Gobierno de Rodrigo Paz dio este viernes uno de los giros más importantes de su política económica al anunciar el fin de la subvención al diésel, un mecanismo que durante años mantuvo el precio interno por debajo del costo de importación.
Desde ahora, según anunció el mandatario en un mensaje difundido por BTV, el diésel se comercializará tomando como referencia el costo internacional. El precio será único para los diferentes sectores y podrá subir o bajar de acuerdo con la cotización internacional.
> “Desde hoy el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, afirmó Paz.
El anuncio convierte al precio del diésel en una variable vinculada directamente al mercado internacional y modifica una de las políticas que mayor presión ejercía sobre las cuentas públicas.
$us 55 millones cada semana
Paz explicó que el Estado destinaba alrededor de $us 55 millones por semana para sostener la subvención de los combustibles, principalmente del diésel.
La cifra equivale a más de $us 2.600 millones al año, según los cálculos expuestos por el Gobierno.
El argumento central de la administración de Paz es que esos recursos, en lugar de utilizarse para cubrir la diferencia entre el precio internacional y el precio interno del carburante, podrán ser destinados a infraestructura, salud, educación y programas de apoyo.
“Los recursos que eran utilizados para la subvención serán destinados a esas escuelas, hospitales, carreteras, obras”, sostuvo el Presidente.
El anuncio se produjo pocas horas después de que Paz participara en Santa Cruz en el relanzamiento de la Refinería Guillermo Elder Bell de Palmasola, donde había defendido una política orientada a recuperar la capacidad de refinación nacional y reducir la dependencia de combustibles importados. (Radio Splendid)
Del precio subsidiado al precio internacional
El cambio supone que el Estado dejará de absorber directamente la diferencia entre el costo internacional del diésel y el precio interno.
La característica principal del nuevo esquema será su variabilidad.
Si el precio internacional aumenta, el consumidor boliviano enfrentará un mayor costo. Si disminuye, el precio interno también podrá reducirse, de acuerdo con la explicación presidencial.
El Gobierno sostiene que esta fórmula permitirá eliminar distorsiones asociadas al precio subsidiado y reducir los incentivos económicos vinculados al contrabando y la reventa del carburante. (Red Uno)
El Gobierno intenta amortiguar el impacto
La eliminación de la subvención llega acompañada de un paquete de medidas sociales y productivas.
Entre los principales anuncios figura el pago del Bono PEPE II, que alcanzará aproximadamente a 2,9 millones de personas, con una asignación anunciada de Bs 874 millones.
También se incrementará el Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300.
El paquete incorpora además hasta Bs 800 millones en créditos preferenciales, con una tasa cercana al 6% anual, destinados a transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.
El objetivo declarado es proporcionar capital operativo y recursos para inversión a sectores que podrían enfrentar un incremento de sus costos por el nuevo precio del combustible. (Red Uno)
Crédito productivo y vivienda
El Gobierno anunció también una mayor flexibilidad para que las familias puedan acceder a créditos de vivienda social y créditos productivos.
A esto se suman préstamos productivos de entre Bs 50.000 y Bs 400.000 para productores.
La administración de Paz plantea además apoyar a gobernaciones, municipios, gobiernos regionales y autonomías indígenas para que puedan readecuar sus finanzas frente al nuevo escenario económico.
Menos impuestos para importar bienes productivos
Otro componente de la estrategia será la eliminación de impuestos de importación para determinados bienes destinados a actividades productivas.
La lista anunciada incluye insumos, semillas, drones, genética, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales.
La intención oficial es reducir los costos de inversión y facilitar la incorporación de tecnología y bienes necesarios para la producción.
Perdonazo tributario por 120 días más
Paz anunció asimismo una ampliación por 120 días del plazo del denominado perdonazo tributario.
Según el Gobierno, la medida alcanzará a más de 200.000 contribuyentes, principalmente familias.
El objetivo es facilitar la regularización de obligaciones tributarias y generar un alivio para contribuyentes que mantienen deudas pendientes con el Estado.
El enlosetado vuelve como programa de empleo
Dentro del paquete también figura la reactivación del plan de enlosetado de calles y avenidas.
El Gobierno calcula que este programa podría generar más de 18.000 empleos directos y 55.000 indirectos.
La apuesta combina inversión pública con generación de empleo en un momento en que la eliminación de la subvención puede trasladar mayores costos a distintos sectores de la economía.
Los dólares de los ahorristas
Otro anuncio relevante fue la continuidad de la devolución de depósitos en dólares de los ahorristas que mantenían recursos en el sistema financiero.
Paz señaló que la medida permitirá que esos recursos puedan ser utilizados posteriormente para nuevas inversiones.
Este punto adquiere relevancia dentro de un escenario económico marcado por la escasez de divisas y la presión sobre las reservas internacionales.
La decisión llega en medio de un programa de estabilización
La eliminación de la subvención se produce en un momento de fuerte presión sobre las finanzas públicas y coincide con la aprobación legislativa de un acuerdo de financiamiento de $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Reuters informó que el programa de estabilización contempla, entre otros elementos, reducción del déficit fiscal, disciplina monetaria y reformas estructurales; la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles forma parte de las medidas asociadas al programa. (Reuters)
Associated Press también reportó que la eliminación del subsidio al diésel fue anunciada después de la aprobación legislativa del acuerdo con el FMI, mientras el Gobierno comprometió mecanismos de protección para sectores vulnerables. (AP News)
Un cambio que puede trasladarse a toda la economía
El principal desafío de la medida estará en sus efectos sobre los costos de transporte y producción.
El diésel tiene un peso importante en el transporte de carga, la actividad agropecuaria, la construcción, la minería y otras actividades productivas. Por ello, una modificación de su precio puede trasladarse a los costos de operación y, eventualmente, a los precios finales de bienes y servicios.
El Gobierno busca compensar parte de ese efecto mediante créditos, bonos, incentivos tributarios y programas de empleo.
La eficacia del paquete dependerá, entre otros factores, de cuánto suba inicialmente el precio del diésel, cómo evolucionen las cotizaciones internacionales y qué tan rápidamente lleguen los créditos y compensaciones a los sectores anunciados.
Paz apuesta su política económica al cambio de modelo
La decisión marca un cambio de fondo: el Estado deja de garantizar un precio subsidiado del diésel y pasa a un esquema vinculado al costo internacional.
El Gobierno presenta el giro como una forma de liberar recursos para inversión y terminar con una estructura que considera financieramente insostenible.
La oposición política y las organizaciones sociales y sindicales, en cambio, han advertido sobre el impacto que una reducción de los subsidios puede tener sobre los hogares, el transporte y los costos de producción. Reuters y AP reportaron que sectores sindicales expresaron preocupación por el efecto de las medidas de ajuste sobre los ingresos y el costo de vida. (Reuters)
Así, el debate que se abre ya no gira solamente alrededor del precio del diésel.
La discusión será sobre quién absorbe el costo del ajuste, cuánto dinero podrá liberar realmente el Estado, cómo se distribuirán esos recursos y si los programas anunciados logran compensar el impacto sobre las familias y el aparato productivo.
Para el Gobierno de Paz, el argumento es directo: dejar de gastar miles de millones de dólares en subvención para destinarlos a producción, inversión y servicios públicos.
El resultado de esa apuesta dependerá ahora de su ejecución.
