El expresidente Evo Morales volvió a colocar al Gobierno de Rodrigo Paz frente a un escenario de presión política y social al fijar el 3 de octubre como plazo para que el Ejecutivo abrogue los decretos supremos 5716 y 5727, bajo advertencia de movilizaciones nacionales desde el 13 de octubre. La respuesta del Gobierno, a través del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, fue contundente en el principio, pero deja planteado el desafío de cómo contener una eventual escalada sin convertir el conflicto en una disputa exclusivamente política.
Durante el ampliado de Evo Pueblo en Lauca Ñ, Morales convocó a sus seguidores a prepararse para la movilización y sostuvo que, si el Gobierno no retrocede, será necesario actuar “por las buenas o por las malas”. Las resoluciones del encuentro establecen que, si no se atienden sus demandas hasta el 3 de octubre, se activaría una “gran movilización nacional” desde el 13.
El reclamo tiene como eje el DS 5716, que establece el precio final regulado del diésel y su metodología de cálculo, después de las modificaciones al esquema de subvención. El evismo también exige la abrogación del DS 5727, que declara prioritaria la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas, según corresponda a los procesos de evaluación gubernamental.
La respuesta oficial: nadie puede imponer decisiones al país
Justiniano respondió que Morales puede cuestionar las decisiones del Gobierno y convocar movilizaciones pacíficas dentro del marco legal, pero no utilizar su capacidad de movilización para imponer decisiones al Estado.
“Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”.
El ministro también sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse mediante la democracia y las instituciones, y no mediante amenazas, ultimátums o bloqueos.
La autoridad recordó además que Morales enfrenta procesos judiciales pendientes y sostuvo que corresponde al expresidente presentarse ante la Justicia para ejercer su defensa con las garantías constitucionales.
El problema de fondo: responder a las amenazas sin alimentar el conflicto
La posición gubernamental tiene un punto central: un dirigente político no puede convertir una capacidad de movilización social en un mecanismo para condicionar decisiones del Poder Ejecutivo.
Pero la respuesta oficial también enfrenta una segunda prueba: el Gobierno debe demostrar que puede sostener sus medidas económicas y, al mismo tiempo, garantizar que las protestas se desarrollen dentro de la ley, sin afectar derechos de terceros, abastecimiento, circulación y actividad económica.
El debate sobre el diésel, además, no desaparece por la confrontación política. El retiro o modificación de la subvención tiene efectos directos sobre transporte, producción agropecuaria, precios y costo de vida. Por eso, una respuesta exclusivamente política al desafío de Morales dejaría sin resolver el componente económico que alimenta el malestar social.
De la presión política a la calle
El calendario planteado por el evismo coloca dos fechas sobre la mesa: 3 de octubre, como fecha límite para sus demandas, y 13 de octubre, como inicio anunciado de las movilizaciones si el Gobierno no retrocede.
La situación configura así un nuevo pulso entre el Gobierno de Paz y Morales: de un lado, un Ejecutivo que reivindica su autoridad para tomar decisiones económicas; del otro, un liderazgo político que pretende utilizar la movilización social para obligarlo a revertirlas.
La verdadera prueba para el Gobierno será mantener la autoridad del Estado sin renunciar al diálogo y garantizar el derecho a la protesta sin permitir que la protesta se convierta en un mecanismo de imposición política.
En ese escenario, la frase de Justiniano —“nadie está por encima de la ley”— adquiere una dimensión que va más allá de la disputa con Evo Morales: el desafío es demostrar que las reglas institucionales pueden prevalecer tanto frente a las amenazas de movilización como frente a cualquier abuso de la fuerza estatal.
