El conflicto generado por las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios y exautoridades bolivianas llegará al escenario legislativo. El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, convocó a una sesión para el lunes 5 de octubre, a las 15:00, con el objetivo de considerar la documentación e informes relacionados con los 13 ciudadanos bolivianos incluidos en las medidas estadounidenses.
La convocatoria contempla además la posibilidad de conformar una Comisión de Investigación Parlamentaria, aunque establece límites expresos: el tratamiento deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público.
Uno de los puntos centrales de la convocatoria es que una medida migratoria adoptada por un gobierno extranjero no constituye, por sí sola, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia. Esto marca una diferencia entre la investigación política y fiscalizadora que pretende desarrollar la Asamblea y la determinación de responsabilidades que corresponde a las autoridades competentes.
Lara: fiscalización sin condena anticipada
La posición de Lara adquiere especial relevancia porque anteriormente había rechazado que Mariaca fuera apartado del cargo únicamente por aparecer en una lista elaborada por un gobierno extranjero.
Ahora, su convocatoria plantea que el Legislativo conozca los antecedentes, solicite información y determine si corresponde una investigación parlamentaria.
El debate, por tanto, se traslada de una discusión sobre la permanencia o salida del Fiscal General a otra más amplia: qué información posee Estados Unidos, qué elementos existen en Bolivia y qué corresponde investigar dentro de la institucionalidad nacional.
Mariaca responde desde Sucre
Mientras el Legislativo prepara esa sesión, Mariaca respondió públicamente a las acusaciones de Washington y rechazó que decisiones externas puedan condicionar el trabajo de la Fiscalía.
Desde Sucre, acompañado por funcionarios de su despacho, afirmó que respeta las decisiones soberanas de Estados Unidos, pero exigió el mismo respeto para las instituciones bolivianas.
Su posición quedó resumida en una frase: “Cooperación sí, injerencia no. Diálogo sí, imposición no. Respeto entre Estados sí, interferencia en nuestras instituciones no”.
Mariaca también sostuvo que las acusaciones no harán retroceder las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y afirmó que los procesos deben continuar hasta esclarecer los hechos.
“Este fiscal general no está para agradar a personas, grupos económicos ni dirigentes políticos. Está para cumplir la Constitución, la ley y su responsabilidad con todos los ciudadanos bolivianos”, manifestó.
Cerimedo, combustibles y narcotráfico
En su respuesta, Mariaca mencionó expresamente varias investigaciones que considera parte del trabajo que continuará desarrollando la Fiscalía.
Entre ellas está el caso Fernando Cerimedo, exasesor argentino del presidente Rodrigo Paz, investigación que contempla denuncias por presunta legitimación de ganancias ilícitas y otros hechos que aún deben ser establecidos mediante el debido proceso.
También citó las investigaciones relacionadas con Narcomaderas y las denuncias vinculadas al denominado “Combustible Basura”, además de otros procesos relacionados con presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y posibles vínculos con el narcotráfico.
Mariaca insistió en que investigar no significa condenar, sino establecer qué ocurrió y quiénes eventualmente tienen responsabilidad.
Dos poderes frente a una misma controversia
La respuesta de Lara y la de Mariaca colocan el caso en dos planos distintos.
El Legislativo busca conocer los antecedentes de las acusaciones estadounidenses y ejercer sus atribuciones de fiscalización, dejando establecido que una sanción extranjera no equivale a una condena dentro de Bolivia.
El Ministerio Público, por su parte, sostiene que sus investigaciones deben mantenerse al margen de presiones políticas nacionales o internacionales.
El punto de encuentro entre ambas posiciones está en que las acusaciones deben ser verificadas y sometidas a procedimientos institucionales. La diferencia está en el escenario desde el cual cada autoridad pretende hacerlo: Lara desde la fiscalización parlamentaria y Mariaca desde la defensa de la autonomía del Ministerio Público.
La sesión del 5 de octubre puede convertirse así en un nuevo capítulo de una controversia que ya dejó de ser exclusivamente diplomática. La Asamblea deberá analizar la información disponible y las respuestas institucionales, mientras Mariaca sostiene que continuará con las investigaciones bajo su responsabilidad.
Por ahora, las acusaciones estadounidenses contra el Fiscal General constituyen señalamientos de un gobierno extranjero; la determinación de responsabilidades penales en Bolivia corresponde a las instancias competentes y debe sujetarse al debido proceso.
