La crisis del Ministerio Público acaba de convertirse en un problema mayor de poder institucional.
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1773/2026, una reforma al artículo 25 de la Ley 260 que permite a la Asamblea Legislativa disponer la suspensión definitiva del Fiscal General bajo determinadas condiciones y designar, en la misma sesión, a un interino.
La norma fue aprobada con más de dos tercios en ambas cámaras y aplicada inmediatamente al caso de Roger Mariaca, cuya suspensión definitiva fue aprobada por la Asamblea.
Pero el hecho político trasciende la salida de una autoridad.
La Ley 1773 modifica el tablero de relaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público.
Paz convierte la crisis en una bandera de Gobierno
Durante la promulgación, Paz presentó la reforma como una de las decisiones destinadas a transformar el Estado.
El mandatario vinculó el proceso con las investigaciones contra Mariaca y con la necesidad de enfrentar al crimen organizado.
La señal política es clara: el Gobierno pretende presentar la crisis de la Fiscalía no solamente como un problema de una autoridad, sino como una oportunidad para iniciar una transformación institucional.
Pero esa estrategia tiene un segundo componente.
Paz ahora tendrá que demostrar que puede convertir una mayoría legislativa circunstancial en acuerdos políticos sostenibles.
El primer examen: elegir al Fiscal interino
La salida de Mariaca deja inmediatamente una pregunta sobre la mesa:
¿Quién ocupará la Fiscalía General?
La Ley 1773 establece que la Asamblea debe designar al interino en la misma sesión en la que dispone la suspensión definitiva.
Ese mecanismo convierte la elección del sucesor provisional en el siguiente escenario de negociación política.
Para el Gobierno, será una prueba importante.
La elección requiere dos tercios de los presentes, por lo que ningún bloque podrá resolverla solamente con su propia fuerza si no alcanza esa mayoría.
La negociación parlamentaria será inevitable.
Y de esa negociación podría surgir una nueva correlación de fuerzas alrededor de la justicia boliviana.
El número que explica la dimensión del cambio
La Asamblea aprobó la suspensión de Mariaca con una amplia mayoría.
Ese respaldo demuestra que, frente a una crisis institucional, existe capacidad para construir acuerdos extraordinarios.
Pero todavía falta saber si esa coincidencia sobrevivirá al siguiente desafío.
Suspender a una autoridad puede unir a diferentes sectores; elegir a su reemplazante puede volver a dividirlos.
Ahí estará una de las claves de la nueva etapa.
¿Reforma judicial o cambio de autoridades?
El Gobierno y los presidentes de ambas cámaras legislativas han presentado la modificación como un paso hacia una reforma de la justicia.
Ese objetivo abre una discusión más profunda.
Una verdadera reforma judicial no depende solamente del cambio de una autoridad.
También implica discutir la independencia del Ministerio Público, la carrera fiscal, la capacidad de investigación, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, además de los mecanismos de selección de las principales autoridades judiciales y fiscales.
Por eso, el caso Mariaca puede terminar siendo solamente el primer capítulo.
Tres escenarios hacia adelante
Escenario uno: acuerdo institucional.
Gobierno y Asamblea consiguen consensuar un interino y posteriormente avanzan hacia un proceso ordenado de elección del nuevo Fiscal General.
Escenario dos: disputa por la Fiscalía.
La elección del interino se convierte en una negociación entre bloques y revela que la mayoría que permitió la suspensión de Mariaca no constituye necesariamente una alianza política estable.
Escenario tres: reforma más profunda.
La crisis es utilizada como punto de partida para impulsar cambios estructurales en el sistema de justicia y en los mecanismos de selección de autoridades.
Ninguno de estos escenarios está definido todavía.
La primera gran prueba de Paz
Rodrigo Paz llegó al poder con el desafío de gobernar en un escenario donde la construcción de mayorías legislativas será fundamental.
La crisis de la Fiscalía le permitió conseguir un resultado concreto: una reforma aprobada rápidamente y una mayoría suficiente para suspender al Fiscal General.
Ahora viene la parte más difícil.
Construir gobernabilidad después de la crisis.
La Ley 1773 puede convertirse en una herramienta para iniciar una reforma institucional o quedar asociada principalmente a la resolución del caso Mariaca.
La diferencia dependerá de lo que ocurra en las próximas decisiones.
Porque el verdadero poder de esta ley no estará solamente en haber permitido sacar al Fiscal General.
Estará en determinar quién conduce la Fiscalía durante la transición, cómo se elige al próximo titular y hasta dónde llegará la anunciada reforma de la justicia.
El primer movimiento ya está hecho. El tablero, ahora, queda abierto.
