El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, lanzó este martes una severa advertencia sobre la situación de seguridad en Santa Cruz al afirmar que el crimen transnacional logró instalarse de manera estructural en el departamento. La autoridad reconoció que los asesinatos y atracos registrados en los últimos días reflejan un escenario preocupante que exige una respuesta sostenida del Estado y la sociedad.
“Las personas que se han detenido del Primer Comando de la Capital (PCC) no son miembros secundarios, son miembros principales que viven en Santa Cruz. No diría que Santa Cruz está tomada, pero hay una instalación del crimen transnacional, una instalación estructural”, declaró Oviedo en una entrevista con Unitel.
La afirmación coloca en el centro del debate político la capacidad del Estado para impedir que organizaciones criminales extranjeras consoliden operaciones en territorio boliviano y, particularmente, en Santa Cruz, una región estratégica por su actividad económica y su conexión con mercados nacionales e internacionales.
El ministro señaló que el violento atraco ocurrido el domingo en una joyería de un centro comercial evidencia que la inseguridad alcanza espacios frecuentados por familias.
“Es un lugar muy familiar, donde ha llegado la criminalidad en Santa Cruz, es decir, ya no hay lugar seguro para estar en familia, es muy delicado lo que ocurre en Santa Cruz”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen en medio de la investigación por el asalto, cuyas imágenes de seguridad mostraron a una trabajadora entregando joyas a los delincuentes. La Fiscalía anunció que la empleada será imputada por presunta complicidad en robo agravado y asociación delictuosa, mientras su esposo sostiene que actuó bajo amenazas y disparos.
La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales y las circunstancias del hecho, sin confundir las sospechas con una declaración de culpabilidad.
Ante este escenario, el ministro planteó que la recuperación de la seguridad ciudadana no puede depender únicamente de la Policía y el Ministerio de Gobierno. Convocó a empresarios, dirigentes cívicos y representantes políticos a involucrarse en una estrategia conjunta.
También respaldó al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien pidió mayores controles migratorios y otras medidas para enfrentar la criminalidad.
La propuesta abre un debate sobre la coordinación entre el Gobierno nacional, la Gobernación, los municipios y las instituciones regionales, así como sobre los recursos, las competencias y los mecanismos de evaluación de las acciones de seguridad.
El Gobierno responsabiliza a la permisividad de gestiones anteriores. Oviedo atribuyó parte de la expansión de estas estructuras criminales a la permisividad de gobiernos anteriores.
“Hemos permitido en los años pasados que este tipo de estructuras se instale en Bolivia y eso es muy delicado”, afirmó.
El ministro sostuvo que la respuesta debe incluir planes de mediano y largo plazo, en lugar de limitarse a operativos circunstanciales. Sin embargo, la efectividad de esa estrategia dependerá de que el Gobierno concrete medidas, presente resultados verificables y fortalezca las capacidades de investigación e inteligencia.
Nuevos operativos por el atraco. Respecto al asalto a la joyería, Oviedo aseguró que existen avances en la investigación y que los equipos policiales trabajan en la recolección de información y pruebas para identificar a los responsables.
“Hay resultados parciales. Esto va por buen camino. Hemos recibido un reporte de la comandancia y de Inteligencia, hay indicios y pistas de trabajo y se tendrán resultados de forma próxima”, manifestó.
La autoridad anunció nuevos operativos de búsqueda y recolección de evidencias, aunque no precisó públicamente fechas para las capturas ni detalles que permitan establecer el alcance de los avances.
El desafío político: pasar de las advertencias a los resultados. Las declaraciones del ministro abren una interrogante central para la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz: ¿podrá el Estado contener la presencia de organizaciones criminales transnacionales y devolver la tranquilidad a la población cruceña?
Reconocer la gravedad del problema es un primer paso, pero la respuesta institucional deberá medirse por resultados concretos: identificación y captura de los responsables, desarticulación de redes criminales, control de armas, cooperación internacional, controles migratorios dentro de la ley y protección efectiva de la ciudadanía.
Para Santa Cruz, el desafío no se limita a recuperar la seguridad en centros comerciales o zonas residenciales. También implica proteger la actividad económica, evitar la expansión de estructuras delictivas y restablecer la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
La advertencia de Oviedo pone la seguridad en el centro de la agenda política nacional. Ahora, la exigencia ciudadana será que el diagnóstico se traduzca en una estrategia coordinada, transparente y capaz de mostrar resultados.
