Bolivia necesita cambiar su política de combustibles para reducir la presión fiscal, recuperar la producción de hidrocarburos y atraer nuevas inversiones. Bajo ese diagnóstico, el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli propuso una reducción gradual de la subvención a la gasolina y una mayor participación de empresas privadas en la importación y comercialización de combustibles.
En declaraciones difundidas por Red UNO, Medinaceli sostuvo que el ajuste no necesariamente debe ejecutarse de una sola vez. Planteó un programa progresivo que permita aproximar los precios internos a las cotizaciones internacionales, considerando las condiciones económicas y sociales del país y la necesidad de alcanzar acuerdos con los sectores afectados.
La propuesta vuelve a colocar en el centro del debate una de las decisiones económicas más sensibles para el Gobierno: cómo disminuir el costo de la subvención sin provocar un deterioro abrupto del poder adquisitivo de las familias ni elevar excesivamente los costos de producción y transporte.
El costo de mantener la gasolina subvencionada. El exministro advirtió que los elevados precios internacionales de la energía incrementan el costo de sostener los precios subsidiados en el mercado interno.
El problema de fondo es estructural. Bolivia ha perdido capacidad de producción de hidrocarburos y depende cada vez más de combustibles importados para atender su demanda. Esta situación presiona las cuentas públicas y expone al país a las variaciones de los precios internacionales, además de las restricciones de divisas necesarias para pagar las importaciones.
Mantener precios internos por debajo de los costos de abastecimiento puede aliviar temporalmente el gasto de los consumidores, pero también genera una obligación fiscal que compite con otras necesidades del Estado.
Medinaceli evitó anticipar si la gasolina continuará subvencionada durante toda la gestión 2027. Señaló que la decisión dependerá de la coyuntura económica, la conflictividad social, las presiones sectoriales y la capacidad del Gobierno para construir consensos.
¿Qué cambiaría con una reducción gradual?. La propuesta apunta a modificar progresivamente el precio de la gasolina, en lugar de aplicar un incremento general de una sola vez.
Una transición de este tipo tendría consecuencias diferenciadas:
- Hogares: el aumento del precio de los combustibles puede encarecer el transporte y presionar el presupuesto familiar.
- Transportistas: un mayor costo operativo podría traducirse en demandas de reajuste de tarifas.
- Agroindustria y producción: el encarecimiento de la energía puede elevar los costos de maquinaria, logística y distribución.
- Inflación: los mayores costos de transporte pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios.
- Finanzas públicas: una reducción efectiva de la subvención podría liberar recursos fiscales y disminuir la presión sobre las divisas, dependiendo de cómo se aplique la reforma.
El efecto final dependerá del ritmo de los ajustes, de la evolución de los precios internacionales y del tipo de compensaciones que se establezcan para los sectores más vulnerables.
Por eso, la gradualidad por sí sola no garantiza una transición menos costosa. El resultado también dependerá de la transparencia de los precios, la disponibilidad de combustibles y la capacidad estatal para evitar distorsiones en el mercado.
Más participación privada, sin privatizar YPFB. Otro componente central de la propuesta es abrir mayores espacios a empresas privadas para importar y comercializar combustibles.
Medinaceli aclaró que esta alternativa no implica privatizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Su planteamiento consiste en permitir que operadores privados participen en el abastecimiento, mientras la empresa estatal fortalece su función productora.
La apertura podría ampliar las fuentes de suministro y distribuir parte de la responsabilidad de importación entre distintos operadores. Sin embargo, para que produzca resultados será necesario definir reglas claras sobre autorizaciones, precios, calidad, almacenamiento, transporte y competencia.
También será fundamental establecer cómo se garantizará el abastecimiento en regiones donde la operación privada resulte menos atractiva y qué mecanismos impedirán que una mayor participación empresarial se traduzca en posiciones dominantes de mercado.
Una nueva ley de Hidrocarburos. El exministro consideró que Bolivia necesita una nueva Ley de Hidrocarburos para establecer condiciones que permitan atraer inversiones y recuperar la producción nacional.
Según explicó, durante su gestión se elaboró un borrador de normativa, pero remarcó que debe someterse a una discusión amplia antes de llegar a la Asamblea Legislativa.
Su propuesta se apoya en tres ejes: institucionalidad, acceso a mercados y un marco legal adecuado.
La reforma normativa buscaría ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas, facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y mejorar las condiciones para que Bolivia recupere su capacidad de producir hidrocarburos. No obstante, los resultados dependerán de las condiciones contractuales, la estabilidad regulatoria, la disponibilidad de mercados y la viabilidad económica de los proyectos.
La propuesta de Medinaceli se inscribe en el debate sobre la sostenibilidad del modelo energético boliviano y las medidas necesarias para reducir la presión sobre las finanzas públicas.
El desafío para el Gobierno es conciliar tres objetivos: disminuir el costo fiscal de la subvención, asegurar el abastecimiento de combustibles y proteger a los hogares y sectores productivos frente a un encarecimiento abrupto.
Para evaluar una eventual reforma será necesario conocer el costo fiscal actualizado de la subvención, los precios de importación, los volúmenes consumidos, las proyecciones de ahorro y los mecanismos de compensación previstos.
La discusión ya no se limita a mantener o eliminar el subsidio: también involucra quién importa los combustibles, cómo se forman los precios y qué condiciones necesita Bolivia para recuperar su producción. La sostenibilidad de cualquier cambio dependerá de que el alivio fiscal se traduzca en mayor estabilidad económica, sin trasladar de manera desproporcionada el costo de la transición a la población. /RED UNO/
