El presidente Rodrigo Paz elevó el tono de su advertencia frente a los bloqueos de carreteras y puso sobre la mesa una cifra que dimensiona el riesgo económico de las medidas de presión: hasta Bs 7.000 millones podrían verse comprometidos por la interrupción de las vías, según el planteamiento expuesto por el mandatario.
Durante un encuentro con sectores sociales y autoridades de Laja y de las 20 provincias, Paz exhortó a construir una agenda de unidad para impulsar la recuperación económica y evitar que los conflictos sociales terminen golpeando a productores, comerciantes, transportistas y familias que dependen del movimiento diario de la economía.
“Si mañana bloqueamos la carretera, ¿qué cinco mil o siete mil millones van a querer pasar por acá?”, cuestionó el jefe de Estado, al advertir sobre las consecuencias de interrumpir la circulación de bienes, servicios y recursos.
La declaración contiene un mensaje político directo: el Gobierno busca instalar la idea de que los bloqueos no solo afectan la movilidad, sino que también pueden frustrar inversiones, paralizar actividades productivas y debilitar las posibilidades de recuperación económica.
El costo político de bloquear
Paz sostuvo que los beneficios de las protestas podrían concentrarse en determinados dirigentes o grupos, mientras que las consecuencias económicas recaerían sobre el conjunto de la población.
“Unos cuantitos se van a beneficiar políticamente, pero ¿quién va a sufrir? La economía y especialmente la economía departamental”, manifestó.
La frase marca una línea de confrontación entre el Gobierno y los sectores que recurren a los bloqueos como mecanismo de presión. El mandatario cuestiona que las disputas políticas o sectoriales puedan terminar perjudicando a quienes viven de producir, transportar y comercializar bienes.
Sin embargo, el alcance de los Bs 7.000 millones mencionados por Paz requiere una precisión fundamental: para determinar si se trata de recursos en circulación, actividad económica expuesta o pérdidas potenciales, el Gobierno tendría que presentar el cálculo, el período considerado y los sectores involucrados. La cifra constituye una advertencia presidencial, no una pérdida económica comprobada.
Una economía que necesita volver a moverse
El presidente defendió la necesidad de concentrar los esfuerzos en la recuperación nacional y atribuyó la gravedad de la situación económica a la gestión heredada.
“El proyecto ahora es sacar la economía nacional, porque nos las dejaron destrozadas, arrasadas”, afirmó.
Con este argumento, Paz intenta vincular la estabilidad social con la recuperación productiva y plantea que el país necesita condiciones que permitan trabajar, comerciar, transportar y generar ingresos sin interrupciones recurrentes.
El desafío para el Ejecutivo será convertir ese discurso en resultados concretos: mayor abastecimiento, certidumbre para los productores, recuperación de la actividad económica y mecanismos de diálogo capaces de resolver los conflictos antes de que deriven en el cierre de carreteras.
El desafío: diálogo sin paralizar al país
Paz también expresó su disposición a mantener una relación directa con las comunidades y autoridades provinciales, y aseguró que está dispuesto a trabajar de manera abierta con la población.
“Yo siempre ando con la mano por delante, nunca ando con la mano por la espalda, nunca oculto la mano”, manifestó.
El mensaje busca proyectar una imagen de apertura al diálogo, pero también plantea una exigencia política a los sectores movilizados: encontrar mecanismos de negociación que no conviertan a las carreteras en el principal escenario de disputa.
La advertencia de Paz abre un debate que trasciende al Gobierno: ¿cuánto le cuesta a Bolivia detener su aparato productivo cada vez que se bloquean las carreteras y quién termina pagando la factura?
La respuesta exige datos verificables sobre el impacto de cada jornada de conflicto. Lo que está en juego es la posibilidad de recuperar la actividad económica sin que las disputas políticas y sociales terminen trasladando sus costos a los ciudadanos.
