El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, rompió el silencio tras ser declarado en rebeldía y emitirse una orden de aprehensión en su contra. Mediante un pronunciamiento público, denunció presuntas presiones políticas sobre la administración de justicia y exigió que se expliquen las razones jurídicas por las que su audiencia de medidas cautelares fue adelantada para este martes 27 de octubre.
Fernández cuestionó la secuencia de decisiones judiciales adoptadas después de la audiencia del 22 de octubre y sostuvo que los cambios de fecha generan dudas sobre el respeto a sus garantías constitucionales, especialmente su derecho a la defensa y a comparecer ante la autoridad judicial.
“Mi libertad y el debido proceso están en riesgo: exijo justicia independiente e imparcial”, señala el documento difundido por el exalcalde, quien pidió que las actuaciones sean sometidas a una revisión objetiva y transparente.
Tres fechas y una orden de aprehensión
En su pronunciamiento, Fernández reconstruyó la cronología de las decisiones judiciales que considera cuestionables. Según su versión, durante la audiencia del 22 de octubre, la jueza Ana Gloria Rojas señaló que la siguiente convocatoria se realizaría el 9 de noviembre.
Posteriormente, afirma que se emitió un auto interlocutorio que fijó la audiencia para el 27 de noviembre, a las 12:00. Sin embargo, según su relato, un decreto posterior modificó nuevamente la fecha y adelantó la audiencia para el 27 de octubre, a la misma hora.
El exalcalde considera que esta sucesión de determinaciones requiere una explicación jurídica, sobre todo porque posteriormente fue declarado rebelde y se libró un mandamiento de aprehensión en su contra.
“Una notificación no basta por sí sola: debe existir una oportunidad real y efectiva para comparecer, ejercer la defensa y ser escuchado”, sostuvo.
Fernández pidió a las instancias competentes que expliquen y fundamenten legalmente el cambio de fecha, la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión. No obstante, la legalidad de estas actuaciones debe establecerse a partir de las resoluciones judiciales y los antecedentes procesales, más allá de las denuncias formuladas por el exalcalde.
Denuncia presunta injerencia política
El exburgomaestre también apuntó contra el actual alcalde, Manuel “Mamen” Saavedra, y funcionarios municipales, al afirmar que percibe presiones políticas que podrían estar influyendo en las decisiones relacionadas con su proceso.
Fernández no presentó en el pronunciamiento elementos documentales que acrediten esa presunta injerencia, pero pidió que la denuncia sea esclarecida por las vías correspondientes y que se garantice la independencia de los administradores de justicia.
“Dejo claro que corresponde a las instancias competentes determinar la legalidad de cada actuación”, manifestó.
El exalcalde insistió en que no busca privilegios, sino que se respeten las garantías procesales. Su planteamiento coloca en el centro de la controversia la necesidad de esclarecer la cronología de las notificaciones, los fundamentos de la declaratoria de rebeldía y las condiciones en las que debía comparecer ante la autoridad judicial.
Fernández traslada la disputa al terreno municipal
En una segunda parte de su pronunciamiento, Fernández vinculó sus cuestionamientos judiciales con críticas a la gestión municipal de Saavedra. Sostuvo que la ciudadanía también debe fiscalizar el cumplimiento de las promesas electorales, la ejecución presupuestaria y la entrega de beneficios sociales.
Entre sus principales cuestionamientos mencionó el incremento del pasaje del transporte público de Bs 3 a Bs 3,50, pese al compromiso que, según afirma, existía de reducir la tarifa.
También denunció que el municipio habría recaudado más de Bs 2.000 millones sin concretar, a su juicio, una obra de impacto trascendental para la ciudad. En ese punto, reclamó información sobre el destino de los recursos y los resultados de su ejecución.
Además, cuestionó la falta de entrega de paquetes escolares para estudiantes de primaria y secundaria, la ausencia de las computadoras que anteriormente se distribuían y la supuesta eliminación de un bono de Bs 400 que, según sostiene, estaba contemplado en el Programa Operativo Anual (POA) 2026.
Estos señalamientos corresponden a la versión del exalcalde y requieren contrastación con los registros presupuestarios, la documentación municipal y la respuesta de la Alcaldía.
Un caso que exige respuestas documentadas
El pronunciamiento de Fernández abre dos frentes de controversia: por un lado, las dudas que plantea sobre las decisiones judiciales que desembocaron en su declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión; por otro, sus cuestionamientos políticos y administrativos contra el actual gobierno municipal.
La primera controversia debe esclarecerse mediante las resoluciones judiciales, las notificaciones cursadas y los fundamentos legales de las medidas adoptadas. La segunda exige información verificable sobre la ejecución presupuestaria, las obras municipales y los programas sociales mencionados.
Hasta que esos elementos sean contrastados, las denuncias de presiones políticas y las críticas a la gestión municipal deben entenderse como afirmaciones del exalcalde, no como hechos demostrados.
Fernández cerró su pronunciamiento con un llamado a garantizar la independencia judicial y el respeto a sus derechos constitucionales.
“La justicia no puede ser instrumento de persecución ni la política puede estar por encima de la ley”, afirmó.
