La propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones, a partir de 2027, dejó al descubierto las diferencias entre las autoridades departamentales sobre el alcance y la suficiencia de la medida. Lo que para algunos representa un primer avance hacia una mayor autonomía financiera, para otros es una oferta insuficiente que no responde a las necesidades de las regiones.
La controversia tiene como telón de fondo un modelo de distribución de recursos en el que el nivel central concentra el 75% de la coparticipación tributaria, mientras los municipios reciben el 20% y las universidades públicas el 5%. Las gobernaciones, hasta ahora, no cuentan con una participación equivalente dentro de ese esquema.
El acuerdo se anunció después de una reunión entre el Gobierno y los nueve gobernadores, realizada el viernes, en la que se discutió una propuesta inicial de asignación del 0,4%. El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, calificó ese planteamiento como una burla, aunque reconoció que las negociaciones permitieron elevarlo al 1%.
Sin embargo, el incremento no consiguió cerrar el debate.
Santa Cruz cuestiona la propuesta y apunta al centralismo
El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, fue uno de los más críticos con el resultado de la negociación. Durante un acto público realizado el sábado, rechazó que Santa Cruz tenga que conformarse con el 1%, considerando el peso económico, productivo y demográfico del departamento.
“Es imposible que yo como gobernador del departamento más importante de este país acepte 1%. Me parece una falta de respeto”, manifestó.
Velasco argumentó que Santa Cruz produce el 80% de los alimentos del país, representa el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) y es el departamento más poblado de Bolivia. También mencionó las necesidades de infraestructura sanitaria, entre ellas el funcionamiento del único hospital oncológico.
Su cuestionamiento trasciende el porcentaje ofrecido: apunta al modelo de concentración de los recursos en el nivel central y plantea que una mayor parte de los ingresos generados en las regiones permanezca en los departamentos.
La posición cruceña coloca nuevamente en agenda la discusión sobre el pacto fiscal, la autonomía económica y la necesidad de modificar los criterios de distribución de los ingresos nacionales.
Cochabamba considera insuficiente el 1% y plantea llegar al 15%
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, también advirtió que el porcentaje acordado tendrá un impacto limitado cuando se distribuya entre los nueve departamentos.
“Ni siquiera llega a mil millones de bolivianos si hablamos del 1%; de ahí tendríamos que distribuirnos todas las gobernaciones de acuerdo a la cantidad de habitantes o las necesidades que tenemos”, sostuvo.
Loza reveló que la aspiración de las administraciones departamentales es alcanzar hasta el 15% de la coparticipación tributaria, aunque reconoció que esa meta podría concretarse de manera gradual.
Su planteamiento coincide con la demanda de mayores recursos para las gobernaciones, pero introduce otro desafío: establecer criterios de distribución que consideren las diferencias poblacionales, territoriales y económicas de cada departamento.
Tarija también expresa su rechazo
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, manifestó su desacuerdo con la propuesta desde el mismo día de la reunión.
Cuestionó que se ofrezca apenas el 1% a las gobernaciones y observó que el planteamiento estaba condicionado a la asignación de recursos para ítems de salud.
La posición tarijeña refleja otra preocupación de las administraciones departamentales: que el incremento de ingresos no termine acompañado de nuevas obligaciones financieras que reduzcan su capacidad efectiva de inversión.
La Paz defiende el acuerdo como un avance
En una posición diferente, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, calificó el acuerdo como un primer paso importante para fortalecer las finanzas departamentales y avanzar progresivamente hacia una distribución más equitativa de los recursos.
Según una nota institucional, Revilla destacó que el porcentaje se calcule sobre el total de los impuestos coparticipables y afirmó que los gobernadores estuvieron de acuerdo con el 1% durante la reunión.
“Este 1% logrado son recursos importantes para las gobernaciones a partir del año 2027 y esperemos que las siguientes gestiones vayan creciendo en la medida también en la que la situación económica del país mejore”, manifestó.
No obstante, reconoció que hubo diferencias sobre la posibilidad de vincular futuros incrementos de la coparticipación al crecimiento vegetativo del personal de salud y educación de cada departamento.
También señaló que quedó pendiente la discusión sobre el reembolso de recursos que algunas gobernaciones destinaron al pago del bono de vacunación y los prediarios, obligaciones cuyo financiamiento, según explicó, el Gobierno nacional debe asumir.
El debate de fondo: ¿descentralización o una concesión insuficiente?
Más allá de las diferencias entre gobernadores, la discusión revela dos enfoques sobre el futuro de las autonomías departamentales.
El primero considera que el 1% constituye un avance inicial que permitirá a las gobernaciones disponer de nuevos recursos desde 2027, con la posibilidad de incrementar gradualmente su participación conforme mejore la economía nacional.
El segundo sostiene que el porcentaje es demasiado reducido frente a las responsabilidades de los gobiernos departamentales y la contribución económica de las regiones al Estado. Desde esta perspectiva, aceptar el 1% sin una ruta clara hacia una redistribución más profunda podría terminar consolidando el actual esquema centralista.
El desafío también estará en conocer cuánto dinero representa efectivamente ese porcentaje, cómo se distribuirá entre los nueve departamentos y qué obligaciones deberán financiar las gobernaciones con esos recursos.
La controversia deja una pregunta política que el Gobierno todavía tendrá que responder: ¿el 1% es el comienzo de una verdadera redistribución del poder económico hacia las regiones o una concesión que mantiene intacta la concentración de los recursos en el nivel central?
Para Santa Cruz, la discusión no se limita a conseguir una mayor asignación presupuestaria. Se trata de establecer una relación más equilibrada entre lo que producen los departamentos, los recursos que reciben y la capacidad que tienen para decidir sobre su propio desarrollo.
