El denominado caso Maletas dio este jueves un nuevo giro con las declaraciones de dos de sus principales protagonistas. La exdiputada Laura Rojas identificó al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo Gómez, como supuesto propietario de las 32 maletas que llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en noviembre de 2025. Por su parte, el exjuez Hebert Zeballos denunció que el equipaje habría contado con protección del entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
“El dueño de las maletas era el señor Rómer Saucedo Gómez, alias El Alemán, el que se dio a la fuga”, afirmó Rojas después de prestar su declaración ante el Ministerio Público.
La exdiputada explicó que decidió guardar silencio durante meses por temor a represalias contra su vida y la de sus hijas. También aseguró que desconocía el contenido del equipaje porque, según su versión, las maletas no eran de su propiedad. Rojas permanece investigada y cumple detención domiciliaria por este proceso.
Las declaraciones de Zeballos elevaron aún más la tensión política y judicial. El exjuez, quien habló desde un hospital bajo custodia policial, sostuvo que una persona le informó que las maletas tenían “cobertura y protección” del entonces fiscal general Roger Mariaca, a quien identificó con el sobrenombre de “El Chino”.
Zeballos aseguró que el equipaje contenía marihuana producida en California y explicó que acudió a Viru Viru para ayudar a Rojas debido a la amistad que mantenían desde sus años de colegio. Sin embargo, manifestó sus dudas sobre la versión de la exdiputada que atribuye la propiedad de las maletas a Saucedo.
El exjuez también denunció que permaneció ocho meses privado de libertad y que presuntamente le sembraron pruebas para involucrarlo en el caso. Atribuyó sus problemas de salud, incluido un preinfarto sufrido la semana pasada, al hostigamiento que, según afirmó, enfrentó durante el proceso.
Anunció que acudirá al Ministerio Público para proporcionar la información que conoce y pidió garantías para sus hijas y otros integrantes de su familia.
Lara había advertido que podían caer autoridades
Las nuevas acusaciones reactivan las advertencias que hizo el vicepresidente Edmand Lara en enero de este año, cuando sostuvo que el caso Maletas podía comprometer a autoridades de alto nivel.
“Si Laura Rojas habla, muchos van a caer”, manifestó entonces Lara, al cuestionar los controles aeroportuarios y advertir sobre posibles conexiones entre los investigados y funcionarios públicos.
La declaración adquiere relevancia frente a los señalamientos que ahora involucran a figuras que ocuparon cargos en las principales instituciones del sistema judicial boliviano. Sin embargo, las afirmaciones de Rojas y Zeballos deberán ser respaldadas mediante pruebas y verificadas por las autoridades competentes.
De Viru Viru a los galpones de Ebose
El caso se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de Estados Unidos arribó al aeropuerto internacional de Viru Viru con 32 maletas que, según los antecedentes de la investigación, no habrían pasado por los controles aduaneros correspondientes.
Posteriormente, durante un allanamiento a galpones de la empresa de seguridad Ebose, vinculada a Zeballos, se encontraron cerca de 80 kilos de marihuana, armas y maquinaria.
En enero de 2026, Zeballos fue enviado a detención preventiva por 120 días en el penal de Palmasola, mientras avanzaban las investigaciones por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
En octubre falleció Juan Carlos Espinoza Vaca, responsable legal y socio capitalista de Ebose, quien también cumplía detención preventiva en ese recinto penitenciario.
Cuatro maletas recuperadas y una investigación cuestionada
En julio de 2026, ocho meses después del arribo del vuelo, el entonces fiscal general Roger Mariaca informó sobre el hallazgo de cuatro de las más de 30 maletas.
Según explicó, la ubicación fue posible tras revisar declaraciones y mensajes encontrados en el teléfono celular de una familiar de uno de los investigados. Esa información habría permitido establecer que el equipaje fue vendido a terceras personas en diciembre de 2025.
Las cuatro maletas quedaron bajo custodia policial para la realización de pericias.
En septiembre, la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad y dispuso el archivo del informe elaborado por su comisión especial, al considerar que era insuficiente para establecer responsabilidades. La instancia legislativa sostuvo que corresponde al Ministerio Público y al Órgano Judicial profundizar las investigaciones.
Las interrogantes que siguen abiertas
A casi un año del ingreso del vuelo chárter, el caso continúa rodeado de preguntas fundamentales:
- ¿Quién era realmente el propietario de las 32 maletas?
- ¿Qué contenía todo el equipaje y dónde están las maletas que todavía no fueron recuperadas?
- ¿Existió protección de funcionarios públicos para facilitar su ingreso?
- ¿Qué participación tuvieron los responsables de los controles aeroportuarios?
- ¿Qué pruebas respaldan los señalamientos contra Rómer Saucedo y Roger Mariaca?
Las declaraciones de Rojas y Zeballos trasladan el caso a una nueva dimensión política y judicial. Ya no se trata solamente de esclarecer cómo ingresaron 32 maletas sin los controles correspondientes, sino de determinar si existió una red de protección institucional y quiénes pudieron beneficiarse de ella.
La investigación tiene ahora el desafío de convertir las acusaciones en pruebas. La ciudadanía espera respuestas sobre un caso que amenaza con comprometer la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia y combatir el narcotráfico.
