Por José Luis Santistevan Justiniano, abogado constitucionalista
El problema de fondo son los operadores de justicia que fallan y generan jurisprudencia para favorecer a un proyecto político, y no van a parar hasta garantizar que pueda perpetuarse en el poder. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ha enterrado el Estado Constitucional de Derecho Democrático y está destruyendo el texto constitucional como carta de garantías.
Podemos rasgarnos las vestiduras indicando que el TCP tiene por único fin hacer cumplir la CPE. Como poder constituido no puede dejar sin efecto artículos redactados por el poder Constituyente, mismos que ha sido ratificados por el soberano de forma general en el referéndum Constitucional de 2009 y en particular por el referéndum del 21/II/2016.
Desconociendo estos antecedentes el TCP, mediante la sentencia Constitucional 084/2017, de manera infame e inconstitucional declara que la reelección indefinida es un derecho humano apelando a la Convención Americana o Pacto de San José, instrumento internacional que ha sido ratificado por Bolivia, y que si bien forma parte del bloque de Constitucionalidad de la CPE, como Instrumento pertenece al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, y la instancia encargada de dirimir controversias sobre la Convención Americana es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que
El TCP usurpa funciones, actúa como si nuestro sistema constitucional fuera rígido y solo pudiera ser modificado por enmiendas mediante sentencias, cuando nuestro sistema constitucional en la CPE, artículo 411, establece que solo puede ser modificada de manera parcial o total por el voto soberano.
El problema para el país, es que Evo y el gobierno de Arce están convencidos que el Estado es patrimonio del MAS, y la justicia es un operador del proyecto político construido para perpetuarse en el poder.
Por ello, mientras no logremos una reforma judicial que permita reconstruir la administración de justicia independiente, el TCP seguirá fallando a la medida del proyecto político masista. La verdadera lucha es por la reforma judicial para asegurar la estabilidad democrática y proteger las libertades ciudadanas.
