Por Nazario
La reciente confirmación de una sentencia ejecutoriada en contra de Freddy Vidovic, ministro de Justicia del Gobierno de Rodrigo Paz, ha desatado una crisis moral y política. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Vidovic fue condenado en 2015 a tres años de prisión por los delitos de favorecimiento a la evasión, cohecho activo y otros, y renunció a su apelación restringida, lo que habría dejado su condena en firme.
Este episodio pone a prueba la promesa de renovación de la gestión de Paz: ¿será este Gobierno distinto a los anteriores, o terminará repitiendo prácticas de poder y complicidad? En este análisis valoraré cómo choca la realidad (el ser) con lo que debería ser (el deber ser) desde una óptica ética, legal y política.
El ministro de Gobierno, Oviedo, señaló que la sentencia fue dictada por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, bajo la resolución N° 192/2015, concediendo un procedimiento abreviado. La pena impuesta fue de tres años de prisión.
- Según Oviedo, Vidovic renunció voluntariamente al derecho a apelación restringida, lo que, en su criterio, hace que la sentencia esté “plenamente ejecutoriada”.
- Debido a esto, argumenta que sus derechos ciudadanos estarían “conculcados” y, por tanto, no podría ostentar un cargo público.
- Sin embargo, hay otro elemento crucial: el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) emitió un certificado oficial en noviembre de 2025 que afirma que Vidovic no registra antecedentes penales ni sentencia condenatoria ejecutoriada.
- Oviedo ha anunciado que investigará esta aparente discrepancia legal: cómo una condena ejecutoriada según su versión no ha sido reflejada en el registro oficial correspondiente.
- Además, Oviedo envió un informe al presidente Rodrigo Paz sobre estos hallazgos, por lo que la decisión sobre la continuidad de Vidovic en el Ministerio de Justicia parece estar ahora en manos del Ejecutivo.
- Vidovic argumenta que la sentencia es “viciada”, producto de un proceso “ilegal”, y ha anunciado que presentará un recurso de revisión.
- También ha dicho que fue víctima de persecución política en el caso Belaunde y defiende que, legalmente, existen resquicios para argumentar su inocencia o irregularidad en el proceso.
El dilema entre el “ser” y el “deber ser”
- El ser (la realidad política):
En el contexto del nuevo Gobierno, Vidovic representa no solo una figura institucional, sino una cuota política vinculada al vicepresidente Edmand Lara, lo que sugiere que su permanencia en el gabinete podría responder a compromisos de poder más que a mérito técnico o reparación democrática.
Además, si Paz decide mantenerlo a pesar de la controversia, podría percibirse como una contradicción con su discurso de ruptura con modelos políticos anteriores. Eso debilitaría la promesa de cambio y abriría la puerta a críticas sobre favoritismo o impunidad para aliados cercanos. - El deber ser (principios éticos y legalidad):
Desde un punto de vista jurídico, si la sentencia realmente está ejecutoriada, mantener a Vidovic podría vulnerar la integridad institucional y los principios de responsabilidad pública. El Ministerio de Justicia no puede ser visto solo como una figura decorativa: debe preservar valores fundamentales como la transparencia, la ética y el respeto a la ley.
Hay también una dimensión simbólica muy potente: si el Gobierno de Paz se impone como gestor de una nueva etapa, permitir la continuidad de alguien con una condena firme socava la legitimidad moral de sus promesas.
Además, la aparente discrepancia entre la sentencia y el registro de antecedentes penales genera una urgencia ética para que las autoridades aclaren el asunto con total transparencia.
Riesgos, escenarios y expectativas
- Si Vídovic permanece:
- Debilita la narrativa de cambio.
- Podría generar desconfianza entre la ciudadanía, especialmente quienes esperaban una administración limpia y comprometida con la lucha contra la corrupción.
- Abre un precedente peligroso: si las condenas no son barrera para acceder a altos cargos, ¿qué tanto ha cambiado el sistema?
- Si es destituido:
- Representaría un gesto fuerte de coherencia ética y política por parte de Paz.
- Potenciaría la credibilidad de su gabinete y enviaría un mensaje claro de que el deber ser importa.
- Sin embargo, podría generar una crisis con Lara, quien defendió públicamente a Vidovic, lo que tensionaría la relación entre facciones dentro del ejecutivo.
- Si se mantiene una investigación clara y pública:
- La investigación sobre por qué la condena no aparece reflejada en el REJAP podría reforzar la institucionalidad si se maneja con transparencia.
- La presentación del recurso de revisión por parte de Vidovic debe ser acompañada de mecanismos que permitan que la ciudadanía observe el proceso, para evitar interpretaciones de impunidad.
Conclusión
La sentencia contra Freddy Vidovic es más que un caso personal o jurídico: es una prueba de fuego para el Gobierno de Rodrigo Paz. A un mes de asumir, este episodio le exige demostrar que su promesa de renovación no era retórica. La ciudadanía espera que prevalezca el deber ser: que las decisiones públicas se guíen por la integridad, la legalidad y la ética, no por cuotas de poder o lealtades.
Si Paz decide mantener a Vidovic pese a la condena, podría minar su propia autoridad moral y alimentar la idea de que su administración no es distinto de los anteriores. Pero si lo destituye, enviaría un mensaje fuerte: que el cambio no es solo discurso, sino práctica. Y si impulsa una investigación exhaustiva, transparente y justa, podría transformar este momento de crisis en una oportunidad para reforzar la confianza institucional.
En definitiva, lo que está en juego no es solo un ministro: es la credibilidad del proyecto de cambio que representa este Gobierno. Que la justicia no sea letra muerta, y que el valor de la integridad guíe las decisiones de quienes prometieron dirigir un nuevo capítulo para el país.
