La reciente defensa del convenio de electrificación con ENDE por parte de los asesores de Luis Fernando Camacho evidencia un giro político difícil de justificar frente al discurso que el propio bloque oficialista sostuvo meses atrás. Cuando Mario Aguilera intentó suscribir un acuerdo similar, las mismas voces que hoy piden “no desinformar” lo acusaban de vulnerar la autonomía departamental y de entregar competencias al centralismo. Ahora, con el mismo convenio en manos de la actual administración, el relato cambió.
Este miércoles, el asesor general de la Gobernación, Efraín Suárez, afirmó que el proyecto de electrificación por USD 42 millones, financiado con un crédito del Banco Mundial, “no toca la autonomía” porque se habría limitado a autorizar al Gobierno central a invertir dentro de las zonas definidas por el departamento. Según Suárez, más de 2.400 familias en comunidades rurales serán beneficiadas, por lo que pidió “ponerse la mano al pecho” y dejar de “desinformar”.
Sin embargo, el núcleo del debate no es el beneficio —que nadie discute— sino la inconsistencia política. Lo que antes fue presentado como una cesión inaceptable de competencias, hoy es defendido como una cooperación necesaria. Este doble estándar erosiona la credibilidad institucional y convierte la autonomía en una bandera utilizada según convenga, no como un principio permanente de gestión pública.
Suárez sostuvo que el Banco Mundial exige que sea el nivel central el ejecutor del proyecto y que la Gobernación mantiene su competencia al definir las comunidades beneficiarias, mientras que la infraestructura será administrada por la CRE. Pero el argumento técnico no elimina la contradicción política: ¿por qué cuando Aguilera propuso un convenio similar era “entrega de autonomía”, y ahora, bajo la misma lógica, se considera una acción responsable?
La Gobernación insiste en que el acuerdo no puede ser disuelto porque afectaría a miles de familias que hoy viven sin energía eléctrica. Eso es cierto y urgente. Pero la transparencia también exige coherencia. Si el proyecto era necesario ahora, también lo era cuando se lo impulsó desde la anterior administración departamental.
La población merece respuestas que vayan más allá de las justificaciones coyunturales:
¿Se defendió la autonomía o se la utilizó como arma política?
Hasta que esa pregunta no sea respondida con claridad, el debate seguirá marcado por la contradicción antes que por el interés público.
