La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ratificó este viernes la decisión de iniciar un paro nacional indefinido con bloqueo de carreteras a partir del lunes 22 de diciembre, en rechazo al Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención estatal a los combustibles y que ha provocado fuertes aumentos en los precios de la gasolina y el diésel. La medida fue anunciada por dirigentes del sector y se produce en medio de un clima de paralización del transporte en varias regiones del país.
El dirigente Víctor Tarqui, en representación de la Confederación, advirtió que el paro no se levantará hasta que el Gobierno abrogue el decreto y restituya los precios subsidiados de los combustibles, señalando que esta medida afecta de forma directa al transporte y a los costos operativos de los choferes. Tarqui acusó a la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira de agravar la situación en vez de buscar soluciones mediante diálogo formal.
Según los transportistas, la eliminación de la subvención disparó los costos del diésel y la gasolina, obligando a un incremento inmediato de las tarifas de pasajes y fletes, lo que repercute directamente en el costo de vida de la población. El sector sostiene que, sin revertir la norma, no participará en mesas de diálogo y únicamente considerará propuestas tras la derogación del DS 5503.
Este viernes se cumple un paro de 24 horas con bloqueos de rutas y puntos estratégicos en diversas ciudades, especialmente en La Paz, El Alto y Santa Cruz, donde los choferes instalaron decenas de puntos de bloqueo y suspendieron parcialmente el servicio de transporte público, provocando serias afectaciones a la movilidad urbana.
Los dirigentes han enfatizado que cualquier reunión que se realice sin la autorización de la Confederación será considerada unilateral y carente de representatividad orgánica para el sector. Asimismo, han señalado la unidad de las federaciones departamentales, incluidas las de La Paz, altura andina y Santa Cruz, como base para la extensión del paro a nivel nacional.
Del lado gubernamental, el Ejecutivo ha señalado que el decreto forma parte de un paquete de medidas económicas orientadas a estabilizar las finanzas públicas y no será abrogado, aunque se mantiene la oferta de diálogo para analizar medidas compensatorias. Esta posición ha sido rechazada por los choferes, que consideran insuficiente cualquier propuesta que no revierta primero la eliminación de la subvención.
Este conflicto sitúa al sector del transporte en un punto crítico, con posibles efectos extendidos sobre la economía y la vida cotidiana si las movilizaciones se intensifican y se prolongan más allá del lunes sin una respuesta del Gobierno.
