La Ley del “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”, recientemente sancionado por el Senado, que es de obligatoria “ejecución y aplicación” por parte de los cuatro poderes del Estado, es rechaza por la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y de ser necesario la demandará de inconstitucional.
José Luis Santistevan, secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomía, explicó que la norma –que está para promulgación en el despacho del presidente Luis Arce- autoriza centralizar los recursos municipales y gastarlos en competencias estatales, como exploración de hidrocarburos.
Desde que comenzó su tratamiento en la Cámara Baja, la oposición tuvo sus observaciones por la falta de socialización, vulnerar presuntamente la autonomía, y ser una norma “centralista”. El oficialismo defendió la norma y rechazó los cuestionamientos.
La norma, en su artículo 4, establece que es de “ejecución y aplicación obligatoria” por parte de los órganos Ejecutivo; Legislativo; Electoral y Judicial, incluido el Tribunal Constitucional; instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y el Estado; entidades territoriales autónomas; y universidades públicas.
“Es un tema que no debería ser una dicotomía entre lo que digan los dirigentes del MAS o los que pensamos distinto. Hay una sola Constitución que establece que el Estado es autonómico y así debe funcionar. Cada nivel de gobierno tiene sus competencias y hay que respetarlas. Es una visión atrofiada creer que el Poder Ejecutivo es el Estado, lo cual es una falta de respeto a los ciudadanos”, reclamó Santistevan, al anunciar que si la promulgan presentarán una demanda de inconstitucionalidad por orden del alcalde Jhonny Fernández.
Para él, el sistema nacional de planificación es un elemento de coordinación con las instancias locales y departamentales; lo primero que debiera hacerse es elaborar un plan de manera participativa, cosa que no existió. “Por eso esta ley económica es inconstitucional. “El Gobierno dice que ha hecho nueve encuentros regionales, pero solo con afines al MAS, no participaron los alcaldes ni los gobernadores”, argumentó su rechazo.
Considera que la nueva norma hace parte de dos leyes que son las madres del cordero, una es la llamada agenda patriótica, en la que no se habla de competencias locales ni departamentales autonómicas y solo se aprueba un proyecto económico para perpetuarse en el poder. La otra ley que usan, agregó, es la del sistema de planificación del Estado que centraliza los planes locales y departamentales.
“La nueva norma viola la autonomía municipal, ya que nadie puede supeditar los planes municipales porque tienen sus características propias. Nadie puede decir este plan nacional es obligatorio, porque solo es de competencia del nivel central, elaborado sin la participación de las demás instancias regionales y locales. Lo que quieren es tener una ley que les autorice mediante decreto echar mano del dinero que corresponde a los vecinos en los municipios”, explicó.
La aprobación de leyes que apuntan a centralizar los niveles autonómicos por parte del Gobierno nacional, ha motivado al Gobierno municipal acelerar la aprobación de su carta orgánica para hacer un autogobierno. “Ya la tenemos lista y solo falta que la apruebe el Concejo para enviarla en consulta al Tribunal Constitucional. Esa constitución municipal permitirá rechazar cualquier tipo de decretos supletorios que cercenan competencias y recursos”, destacó Santistevan.
La iniciativa gubernamental de la nueva ley económica se sustenta en los ejes de estabilidad económica, industrialización, seguridad alimentaria, educación, salud, reforma judicial, medioambiente integración y despatriarcalización, así como también establece inversiones para avanzar en la transformación de la matriz energética del país hacia el Bicentenario.
