¿Quiénes son realmente los propietarios del Cordón Ecológico? ¿Cómo se duplicó el número de personas que reclaman terrenos en esta área? ¿Existen títulos legítimos sobre superficies que anteriormente formaban parte del lecho del río Piraí? ¿Quién permitió que se realizaran desmontes y se proyectaran urbanizaciones en una zona destinada a proteger a la ciudad?
Estas son algunas de las preguntas que las auditorías anunciadas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y la Gobernación de Santa Cruz deberán responder.
El conflicto por la tala de árboles y la intervención de terrenos en el Cordón Ecológico ha dejado de ser exclusivamente un problema ambiental. Ahora también apunta a una revisión de antecedentes dominiales, documentación legal, modificaciones territoriales y actuaciones administrativas que podrían revelar cómo se consolidaron derechos propietarios en una zona de protección.
El alcalde Manuel Saavedra informó que desde octubre se puso en marcha una auditoría municipal para establecer la situación real de los terrenos y reconstruir los antecedentes de las personas que reclaman derechos sobre ellos.
La Ley 1786 obliga a esclarecer la situación del Cordón Ecológico
La auditoría no surge únicamente de una decisión administrativa de la actual gestión municipal. Tiene como antecedente la Ley Autonómica Municipal 1786, impulsada durante la etapa de Federico Morón como concejal, que establece la obligatoriedad de realizar una auditoría jurídica, técnica y ambiental en el Cordón Ecológico.
Según Morón, el proceso debió ejecutarse anteriormente y su demora permitió que aumentara la cantidad de personas que se atribuyen derechos sobre terrenos de esta zona.
