El juez Hebert Zeballos, actuando en el marco de una audiencia de Acción de Libertad, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para Sebastián Delius Vaca Díez, único acusado en el denominado caso Colegio Alemán de Santa Cruz.
La decisión judicial se fundamenta en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal y no implica una libertad plena, sino una libertad condicional bajo estricto control judicial.
Según la resolución, Delius deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por el juez Zeballos: detención domiciliaria, arraigo nacional e internacional, presentación periódica ante las autoridades judiciales, prohibiciones específicas y el pago de una fianza económica.
Además, se estableció la obligación de asistir de forma presencial a las audiencias del juicio oral y contradictorio, que actualmente se encuentra en etapa de producción de pruebas testificales, documentales y periciales.
Fuentes judiciales informaron a este medio que el Tribunal de Sentencia podría emitir una resolución final en los próximos meses, una vez concluidos los alegatos finales de las partes.
En el sistema penal boliviano, las medidas sustitutivas representan alternativas legales a la detención preventiva, aplicables cuando el juez considera que no existe riesgo de fuga ni de obstaculización del proceso. Estas medidas responden a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y legalidad, y su incumplimiento puede derivar en la revocatoria inmediata y el retorno a prisión preventiva.
La defensa de Delius valoró la determinación del juez, recordando que la prisión preventiva no debe ser utilizada como una “pena anticipada”, ya que esta figura vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.
En esa línea, destacaron que el acusado ha mostrado disposición y colaboración con la justicia, buscando que el proceso avance con normalidad hasta la emisión de una sentencia conforme a derecho.
Con esta resolución, el juez Zeballos reafirma el rol del Poder Judicial como garante de los derechos constitucionales y del debido proceso, recordando que las medidas cautelares deben aplicarse con equilibrio entre la protección de las víctimas y el respeto a las garantías fundamentales del imputado.
