El Consejo de la Magistratura informó que se ha dispuesto la revisión extraordinaria de sentencias ejecutoriadas en materia penal, como medida para busca atender posibles vulneraciones a derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
La información se difundió mediante un comunicado este lunes, en el cual se recuerda que desde el 9 de julio de este año, los Jueces de Ejecución Penal de todo el país deben elaborar informes detallados sobre casos que, identificados durante las visitas carcelarias, ameriten la aplicación de esta figura jurídica.
Señala que la revisión extraordinaria de sentencia procede de manera excepcional en estos escenarios: vulneración de derechos fundamentales, desproporcionalidad en la pena impuesta, aparición de nuevos elementos probatorios, o irregularidades procesales en la valoración de la prueba.
El Consejo remarcó que la medida será aplicada sin discriminación alguna por el tipo de delito o la condición del privado de libertad, priorizando especialmente a quienes no tuvieron un acceso oportuno y adecuado a la defensa.
“Con esta instructiva se busca que la justicia boliviana sea coherente con la dignidad de las personas y respete plenamente los derechos de la ciudadanía”, señala el comunicado oficial-
Los jueces deberán remitir informes que incluyan los datos completos de los privados de libertad, los fundamentos de la posible revisión y observaciones adicionales, con el objetivo de fortalecer un sistema judicial más moderno, eficiente y confiable.
El comunicado surge cuando en el país ha surgido una polémica por un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó revisar la detención preventiva de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Esto motivo a que otros privados de libertad protesten en demanda de trato igualitario.
En ese marco, el Consejo anunció un conjunto de medidas destinadas a combatir la retardación de justicia: fiscalización a tribunales departamentales, auditorías judiciales y censo técnico nacional, mediante el cual se levanta un registro para identificar cuántas personas permanecen en prisión preventiva por más de tres años. /Erbol/
