Una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público pone bajo cuestionamiento el manejo de los recursos y las prácticas de contratación de personal en la Gobernación de Santa Cruz, al señalar al gobernador Juan Pablo Velasco por presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales a funcionarios públicos.
Según el relato incorporado en el memorial, la modalidad denunciada consistiría en exigir a los trabajadores que, al momento de firmar sus contratos o memorándums de designación, suscriban también una carta de autorización de descuento salarial.
El denunciante sostiene que esa autorización habría sido utilizada como mecanismo de presión e intimidación, bajo la advertencia de que quienes no aceptaran los descuentos no serían contratados o no podrían ingresar a trabajar en la institución departamental.
La Cooperativa Jesús Nazareno, en el centro de la denuncia
El escrito señala que los recursos presuntamente retenidos de los salarios habrían sido canalizados mediante la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R.L. y estarían vinculados a la organización política LIBRE.
La denuncia solicita al Ministerio Público investigar si autoridades o funcionarios de la Gobernación utilizaron sus atribuciones o influencia institucional para promover, organizar o ejecutar estas prácticas.
Una explicación pendiente del gobernador
El caso abre interrogantes sobre la relación entre el financiamiento de organizaciones políticas y los recursos de trabajadores del sector público.
Si los hechos denunciados fueran comprobados, correspondería establecer quiénes ordenaron los descuentos, cuánto dinero habría sido retenido, cuántos funcionarios estarían afectados y cuál fue el destino final de los recursos.
Hasta el momento, el documento presentado no acredita por sí mismo que los hechos hayan ocurrido ni establece responsabilidades penales.
El documento, dirigido al fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López Rojas, identifica como denunciante a Peter Erlwein Beckhauser, quien atribuye al gobernador Velasco presuntas responsabilidades en un mecanismo de descuentos, aportes o retenciones de dinero de los salarios de servidores públicos.
Una explicación pendiente del gobernador
El caso abre interrogantes sobre la relación entre el financiamiento de organizaciones políticas y los recursos de trabajadores del sector público.
Si los hechos denunciados fueran comprobados, correspondería establecer quiénes ordenaron los descuentos, cuánto dinero habría sido retenido, cuántos funcionarios estarían afectados y cuál fue el destino final de los recursos.
Hasta el momento, el documento presentado no acredita por sí mismo que los hechos hayan ocurrido ni establece responsabilidades penales.
La Gobernación y el gobernador Juan Pablo Velasco tienen la oportunidad de aclarar públicamente estas acusaciones. También corresponde al Ministerio Público determinar si existen elementos para abrir una investigación y establecer responsabilidades.
La ciudadanía cruceña merece conocer si los salarios de los servidores públicos están siendo utilizados voluntariamente para aportes políticos o si, como sostiene el denunciante, existirían presiones vinculadas a la contratación laboral.
