El acceso a la vivienda propia constituye uno de los pilares del bienestar social y del desarrollo económico. En contextos donde amplios sectores de la población quedan fuera del sistema financiero formal, surgen esquemas alternativos que prometen ampliar ese acceso. En Bolivia, el denominado “crédito directo” inmobiliario ha emergido como una opción frente a las restricciones del sistema regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Sin embargo, múltiples reclamos recientes sugieren que este mecanismo, lejos de consolidarse como herramienta inclusiva, podría estar derivando en prácticas irregulares que afectan la seguridad jurídica y la confianza pública.
El 8 de febrero, la justicia identificó a más de 150 presuntas víctimas de estafa múltiple vinculadas a la empresa constructora MAGC. Tras la aprehensión de su gerente, Miguel Ángel Guzmán Cabrera, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado de Instrucción Penal 12 del Palacio de Justicia. En la madrugada del 9 de febrero, el juez Fernando Mejía Gallardo dispuso su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola.
“Tu casa propia está a un paso… ofrecemos diseño y construcción a crédito directo, sin bancos ni financieras”, era uno de los mensajes promocionales difundidos por asesores comerciales para captar clientes. Las ofertas planteaban el pago de una cuota inicial del 35% del valor total —desde 5.565 dólares— y cuotas mensuales desde Bs 965, con requisitos mínimos como la cédula de identidad. En varios casos, los clientes habrían aportado montos superiores para reducir su deuda.
De acuerdo con los denunciantes, las alertas surgieron al evidenciar la falta de avances significativos en las obras con el transcurso de los meses. Ante esta situación, varios afectados solicitaron la devolución de sus aportes.
Jessica Saucedo Durán, una de las denunciantes, lamentó que numerosas familias hayan comprometido los ahorros de toda su vida sin conocer la situación real de los proyectos. Asimismo, denunció presuntas amenazas por parte de personas vinculadas a la empresa, quienes —según su testimonio— habrían intentado amedrentar a los afectados para frenar las acciones legales.
Las víctimas también apuntan a la posible participación de una notaría donde se habrían protocolizado contratos, incluso con entrega de dinero en efectivo y transferencias que oscilan entre Bs 10.000 y más de Bs 200.000. Señalan irregularidades como la ausencia de firmas de abogados y cláusulas contractuales que impondrían sanciones desproporcionadas a los clientes.
En esencia, el crédito directo traslada a las constructoras el rol de financistas, permitiendo el acceso a vivienda mediante pagos iniciales elevados —entre el 30% y el 50%— y cuotas posteriores sin intermediación bancaria. No obstante, este esquema presenta una debilidad estructural: la ausencia de controles externos sobre el uso de los recursos. A diferencia del crédito hipotecario tradicional, donde los desembolsos están condicionados al avance de obra certificado, en el crédito directo la administración del capital queda bajo control exclusivo de la empresa constructora.
El caso de MAGC ha sido identificado por los denunciantes como un punto de partida para evidenciar un presunto patrón de funcionamiento. En esa línea, otros proyectos inmobiliarios —como “Mundo Virtual”, según testimonios recogidos— presentarían características similares, lo que ha motivado análisis jurídicos sobre una posible defraudación inmobiliaria.
Los testimonios coinciden en un patrón recurrente: retrasos en la ejecución de obras, incumplimiento de plazos contractuales y solicitudes de incrementos de costos bajo el argumento del alza de materiales. Este fenómeno, en un contexto de volatilidad del sector de la construcción entre 2024 y 2026, habría trasladado el riesgo económico al consumidor.
Casos reportados por los afectados:
1. Incremento unilateral del costo de obra
Una clienta que contrató una vivienda por $us 50.000 asegura haber pagado más del 90% del monto, tras lo cual la empresa habría elevado el costo total a más de $us 80.000, sin respaldo contractual.
2. Vivienda inconclusa con fallas estructurales
Propietarios denunciaron la paralización de una obra valuada en $us 60.000. A pesar de asumir la compra de materiales para concluirla, reportan deficiencias estructurales y discrepancias con los planos originales.
3. Entrega tardía y deficiencias constructivas
En Warnes, un inmueble fue entregado con seis meses de retraso y múltiples fallas, incluyendo filtraciones y problemas de acabado. El propietario denuncia cobros adicionales no justificados.
4. Proyecto sin avance pese a pagos elevados
Un desarrollo en Cotoca, iniciado en 2023 con un anticipo cercano a $us 47.000, no presenta avances significativos tras más de tres años, pese a que los pagos superan los $us 55.000.
Según los denunciantes, estos casos evidencian posibles vacíos en la aplicación de la Ley 453 de Defensa del Consumidor y una limitada intervención preventiva del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.
Asimismo, advierten sobre un presunto “modus operandi” basado en la captación de recursos mediante anticipos elevados, retrasos sistemáticos en la ejecución de obras y la utilización de procesos judiciales para dilatar reclamos.
Los afectados convocan a otras personas que se consideren perjudicadas a sumarse a las acciones legales en curso, con el objetivo de visibilizar la problemática y promover mayores controles sobre el modelo de crédito directo, un mecanismo que, si bien amplía el acceso a la vivienda, podría implicar riesgos significativos sin una regulación efectiva.
