Punto de vista | Vicente Cuéllar, economista y exrector de la UAGRM
Bolivia llegó al Fondo Monetario Internacional porque la crisis ya no permite seguir postergando decisiones.
Un país recurre al FMI fundamentalmente cuando enfrenta problemas de reservas internacionales, déficit fiscal y un nivel de endeudamiento que limita su capacidad de respuesta. Y Bolivia tiene esos tres problemas.
Por eso, los $us 1.900 millones que el FMI ha comprometido para Bolivia representan, sin duda, una noticia positiva en el corto plazo. Son recursos frescos que pueden darle oxígeno a una economía que necesita divisas, aliviar parcialmente la presión sobre el mercado cambiario y, además, servir como apalancamiento para acceder a nuevos créditos de otros organismos internacionales.
Pero debemos decirlo con absoluta claridad:
$us 1.900 millones no solucionan la crisis económica boliviana.
El problema de Bolivia es estructural.
El crédito viene con una factura
El aspecto que no podemos perder de vista son las condiciones asociadas al financiamiento.
El Gobierno ha reconocido compromisos de ajuste y entre ellos está la eliminación de la subvención a los carburantes desde enero de 2027. (Instantáneas)
Aquí surge una pregunta fundamental: ¿se eliminará toda la subvención? ¿Qué ocurrirá con el gas domiciliario?
Eliminar las subvenciones puede ser necesario para ordenar las cuentas públicas, pero hacerlo sin una estrategia de transición puede provocar un fuerte impacto sobre los precios, el transporte, la producción y el bolsillo de las familias.
El ciudadano no vive de indicadores macroeconómicos. Vive de su salario.
Y si sube el combustible, sube el costo de transportar alimentos, producir, movilizarse y prestar servicios.
Por eso, el ajuste debe ser acompañado por medidas que protejan a los sectores más vulnerables y, sobre todo, por una reducción real del gasto improductivo del Estado.
El Estado también tiene que ajustarse
Si el FMI exige reducción del gasto público, el Gobierno tiene que explicar dónde va a reducir.
No puede pretenderse que el ajuste recaiga exclusivamente sobre la población.
Hay que revisar empresas públicas, estructuras burocráticas, duplicidades, gastos innecesarios y la masa salarial del Estado.
Bolivia necesita un Estado más pequeño, pero también más eficiente.
No se trata simplemente de gastar menos. Se trata de gastar mejor.
Y si el Gobierno pretende utilizar los $us 1.900 millones como una plataforma para conseguir otros recursos y acercarse a su objetivo de captar alrededor de $us 5.000 millones, esos recursos deben servir para estabilizar y transformar la economía, no simplemente para financiar nuevamente el déficit.
El peligro de encarecer el crédito
Otro punto que merece especial atención es la política de tasas de interés.
Si las tasas se determinan cada vez más por las condiciones del mercado, el crédito puede encarecerse.
Eso tiene consecuencias directas.
¿Qué ocurrirá con los créditos de vivienda social?
¿Qué ocurrirá con los créditos productivos?
¿Qué ocurrirá con las pequeñas y medianas empresas que necesitan financiamiento para sobrevivir y crecer?
Una subida fuerte de las tasas puede aumentar la mora porque las familias y las empresas elaboraron sus presupuestos bajo determinadas condiciones financieras.
No podemos estabilizar una variable destruyendo otra.
El dólar es la otra batalla
El segundo gran desafío es el mercado cambiario.
El BCB está aplicando una política monetaria contractiva y ha realizado cambios en el régimen de encaje legal. El propio Banco Central señala que durante 2026 ha profundizado esta orientación para moderar las presiones monetarias.
En términos sencillos, elevar el encaje significa que una parte mayor de los recursos depositados en el sistema financiero queda inmovilizada como reserva.
Eso reduce liquidez.
Y cuando existe demasiado dinero circulando en relación con la cantidad de bienes y servicios disponibles, puede aumentar la presión inflacionaria.
Por eso, desde el punto de vista monetario, la medida tiene una lógica.
Pero también tiene un costo: puede restringir el crédito y afectar la actividad económica.
Y aquí aparece la gran paradoja de la economía boliviana: necesitamos reducir la liquidez para controlar la inflación y el dólar, pero también necesitamos crédito e inversión para volver a crecer.
El Gobierno tiene que encontrar ese equilibrio.
El dólar oficial no cuenta toda la historia
No podemos analizar el problema cambiario mirando solamente la cotización oficial.
El ciudadano conoce otra realidad.
Cuando busca dólares y no los encuentra al precio oficial, aparece un mercado paralelo que refleja la escasez de divisas y la pérdida de confianza.
El problema de fondo no es solamente cuánto vale el dólar.
El problema es por qué Bolivia no genera suficientes dólares.
Necesitamos exportar más.
Necesitamos producir más.
Necesitamos atraer inversión.
Necesitamos recuperar el sector hidrocarburífero.
Necesitamos seguridad jurídica.
Y necesitamos generar confianza.
Porque ningún banco central puede sostener indefinidamente una economía utilizando sus reservas para cubrir una demanda creciente de divisas.
Bolivia necesita inversión, no solamente deuda
Aquí está el verdadero desafío.
Necesitamos una nueva Ley de Inversiones, una nueva Ley de Hidrocarburos y reglas claras para atraer capital nacional y extranjero.
También necesitamos aprovechar el potencial minero y agroindustrial del país.
Si mañana aprobamos una buena ley para atraer inversiones en hidrocarburos, los resultados no aparecerán mañana. Los grandes proyectos requieren exploración, inversión, desarrollo y producción.
Pueden pasar cinco, seis o siete años antes de ver resultados importantes.
Por eso es equivocado pensar que Bolivia puede salir de esta crisis solamente con decretos y créditos.
El crédito compra tiempo. La inversión genera futuro.
El costo social del ajuste
Ahora viene la parte política.
Las medidas que se anuncian tendrán un costo social.
Eliminar subvenciones, reducir el gasto público, eventualmente contener la masa salarial y encarecer el crédito puede generar una fuerte presión sobre el Gobierno.
La pregunta es si tendrá la capacidad política para sostener el proceso.
Porque una cosa es anunciar el ajuste.
Otra muy distinta es ejecutarlo.
Y hacerlo en un país con trabajadores que dependen de un salario fijo, pequeños empresarios que luchan por sobrevivir y emprendedores que necesitan crédito para crecer será extremadamente complejo.
Por eso el Gobierno necesita construir consensos.
No puede administrar una crisis de esta magnitud únicamente mediante decretos.
La confianza no se firma: se construye
Bolivia necesita recuperar la confianza.
Pero la confianza no se recupera con una ley.
No se recupera con un decreto.
No se recupera con un discurso.
La confianza se recupera con hechos.
El Gobierno debe ser consistente en sus decisiones, explicar claramente qué está haciendo y cumplir lo que anuncia.
Los cambios permanentes de rumbo generan incertidumbre.
Y cuando los agentes económicos pierden confianza, el dinero busca refugio, aumenta la demanda de dólares, se frena la inversión y la economía entra en un círculo cada vez más difícil de romper.
El FMI es una oportunidad, no una solución
Bolivia tiene ahora una oportunidad.
Los $us 1.900 millones pueden ayudar a estabilizar la economía y reducir las presiones inmediatas. Pero si esos recursos simplemente sirven para ganar tiempo y volver a endeudarse sin cambiar el modelo económico, dentro de unos años estaremos nuevamente en el mismo lugar.
El Gobierno debe utilizar este momento para hacer las reformas estructurales que Bolivia necesita.
Reducir el gasto improductivo.
Aumentar la producción.
Atraer inversión.
Recuperar los hidrocarburos.
Impulsar las exportaciones.
Ordenar las finanzas públicas.
Recuperar las reservas.
Y devolverle confianza al boliviano.
El FMI puede darle oxígeno a Bolivia.
Pero el FMI no puede respirar por nosotros. La verdadera prueba para el Gobierno comienza ahora: demostrar que puede convertir un crédito de emergencia en el punto de partida de una transformación económica.
Porque Bolivia no necesita solamente más deuda, necesita volver a producir dólares, generar empleo y recuperar la confianza.