El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que la actual administración no prevé la privatización de YPFB, sino su recuperación tras años de deterioro institucional y productivo. Según la autoridad, la caída en la producción de gas —de cerca de 50 a 30 millones de metros cúbicos diarios— y la reducción de reservas responden a la falta de inversión, planificación y exploración en gestiones anteriores.
Lupo también denunció la existencia de burocracia ineficiente, corrupción y estructuras internas que habrían afectado el desempeño de la empresa estatal, además de advertir que el país se volvió cada vez más dependiente de la importación de combustibles.
“El objetivo es salvar esta empresa estratégica, reconstruir el sector con responsabilidad y devolverle a Bolivia estabilidad y futuro”, afirmó, subrayando que la crisis actual —reflejada en largas filas por combustible y limitaciones en la actividad productiva— es consecuencia de decisiones pasadas.
El ministro concluyó que el Gobierno busca encarar una nueva etapa en el sector energético, enfocada en la exploración, inversión y sostenibilidad.