El Gobierno advirtió a los sectores movilizados que el derecho a la protesta no ampara la comisión de delitos, mientras que la Policía Boliviana afirmó que, si bien sus operativos se desarrollan sin armas letales, hará uso progresivo y proporcional de la fuerza en caso de ser necesario.
La posición fue expresada la noche del domingo a tiempo de presentar a un nuevo detenido por la presunta distribución de material explosivo para los marchistas. Para el lunes se tiene prevista la movilización de sectores evistas, que marcharon desde el altiplano para sumarse a las protestas que piden la renuncia del presidente.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó como “delincuencial e ilegal” el uso de explosivos en protestas y señaló que las personas involucradas serán procesadas penalmente.
“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, enfatizó.
La autoridad explicó que el material secuestrado incluye aproximadamente 200 metros de mechas y explosivos de alto poder destructivo.
Asimismo, anunció que el Gobierno solicitará a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y al Ministerio de Minería la suspensión de concesiones a cooperativas o empresas mineras cuyos explosivos sean utilizados en movilizaciones.
Paredes sostuvo además que existe una sentencia constitucional que regula el derecho a la protesta y recordó que este debe coexistir con el derecho a la libre circulación. “Los derechos de cada persona acaban donde empiezan los derechos de otra persona”, afirmó.
Finalmente, convocó a los movilizados a ejercer sus protestas de manera pacífica y aseguró que las fuerzas del orden continuarán actuando bajo parámetros de respeto a los derechos humanos.
“No pueden ellos cometer delitos, porque en el caso de los delincuentes vamos a proceder con todo lo que la ley nos faculta”, advirtió Paredes.
El comandante de la Policía, general Mirko Sokol, destacó los logros del operativo de desbloqueo del sábado, sin embargo, denunció que algunos manifestantes estarían ingresando a la ciudad con explosivos y artefactos artesanales destinados a atacar a efectivos policiales y civiles.
En ese contexto, reiteró que la Policía actúa bajo normas nacionales e internacionales que restringen el uso de armas letales, pero advirtió que la institución está facultada para intervenir si la situación escala.
“La Policía Boliviana está para preservar la vida, no queremos, y no lo hemos hecho, hacer el uso de la fuerza, pero de ser necesario tendremos que hacerlo de manera progresiva, legal y principalmente tiene que haber el principio de proporcionalidad”, sostuvo Sokol.
Explicó que no es proporcional usar gases lacrimógenos para enfrentarse a explosivos, los cuales pueden generar heridas o muerte en cualquier ciudadano. /Erbol/
