El 6 de junio, el presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley destinado a frenar ejecuciones financieras contra prestatarios de vivienda social y otorgar un alivio temporal a microunidades económicas y de mediana capacidad que atraviesan dificultades de pago, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
Explicó que el proyecto plantea suspender durante seis meses las ejecuciones que afectan a familias con créditos de vivienda de interés social, muchas de las cuales ya enfrentan procesos de pérdida de sus inmuebles. Al mismo tiempo, propone un diferimiento por el mismo período de tiempo en el pago de deudas adquiridas por pequeños prestatarios.
“Esta normativa es producto de la evaluación de las condiciones económicas complejas, generadas por más de tres años de bloqueos que han afectado la actividad económica y la gestión del presidente Luis Arce”, dijo, citado en un boletín institucional.
Añadió que se trata de una medida concreta, diseñada a partir del análisis del impacto económico generado por más de tres años de bloqueos recurrentes y trabas legislativas, que limitaron la recuperación económica de país y frenado la aprobación de políticas clave.
“Este diferimiento no compromete al sistema financiero porque se limita a sectores concretos. La intención es clara: dar un respiro, no desestabilizar”, enfatizó.
Montenegro aclaró que esta propuesta no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, sino una medida temporal, específica y focalizada, que busca evitar mayores perjuicios sociales y económicos, sin afectar la solidez del sistema financiero.
“Se quiere evitar que los prestatarios de vivienda de interés social, que actualmente enfrentan ejecuciones financieras y están perdiendo sus viviendas, sufran este tipo de desalojos. El objetivo es detener ese proceso”, precisó. /ABI/
