“Persiste la visión atrofiada del gobierno central confundiendo que el gobierno es el Estado. El Estado está regulado por la Constitución”, señala un documento del Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra que rechaza el proyecto de ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 porque viola la autonomía municipal y sus competencias de planificación del desarrollo municipal, asumiendo el control de los presupuestos y los gastos de inversiones de las autonomías.
El secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomía, José Luis Santistevan, asegura que los gobiernos autónomos ni los sectores productivos de cada región ni las instituciones académicas no participaron de las 9 cumbres regionales denominadas “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacía la industrialización con sustituciones de importaciones”. Recordó que las entidades autónomas tienen autoridades electas por voto popular y no pueden estar al mando de los sectores corporativos del MAS.
Según el art. 302 numeral 42 de la CPE es competencia exclusiva municipal la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación nacional y departamental. “Dice en concordancia, no sometida ni obligatoria”, puntualiza el documento de rechazo.
Santistevan alerta que este proyecto apunta a controlar presupuestos de inversión (ingresos y gastos) establecidos conforme a sus instrumentos de planificación aprobados por leyes municipales como son los: Planes Territoriales de Desarrollo Integral PTDI y los Planes Estratégicos Institucionales PEI, incluyendo los Planes Operativos Anuales POAs.
“El presupuesto de 2022 ya ha sido realizado por las entidades territoriales autónomas en base a su autonomía, su PTDI, su Plan de Desarrollo Estratégico PEI y su plan anual de gastos e inversión. El proyecto de ley pretende modificar los planes y con ello controlar los gastos de inversiones, centralizando los recursos y aplicando de manera retroactiva la ley”, explicó el secretario edil.
OBSERVACIÓN
La observación municipal indica que el proyecto de ley se encuentra fuera de la realidad de las regiones:
a) menciona el modelo económico basado en la “agenda patriótica 2025” que excluye a las entidades territoriales autónomas y que hasta ahora ha sido inaplicable en los gobiernos autónomos,
b) no toma en cuenta los factores de distribución de recursos que deben ser reajustados producto de los datos del CENSO 2022, del PACTO FISCAL y de competencias, c) las directrices del “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025” solo están dirigidas a las competencias nacionales con recursos de las autonomías.
El proyecto de ley viola la CPE en sus artículos: 1, 270, 272, 302 numeral 42, y el art. 321.I.II de la CPE.
Santistevan lamenta que sigan aprobando proyectos de leyes destinadas a controlar toda la administración del Estado, sus recursos y competencias, siendo que por mandato constitucional, Bolivia es un Estado autonómico. Anticipa que harán la representación oficial ante el presidente Luis Arce y en caso de aprobarse la ley plantearán un recurso de inconstitucionalidad.
