El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este jueves que el Ministerio Público analiza varias denuncias presentadas contra el expresidente Luis Arce y que, una vez concluida la revisión legal, estas serán remitidas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Mariaca recordó que los procesos penales contra exmandatarios deben ser tramitados mediante juicio de responsabilidades, conforme establece la Ley 044. Explicó que las denuncias recibidas son recientes y fueron presentadas después de que Arce dejó la Presidencia, por lo que la Fiscalía debe verificar primero la validez procesal de cada proposición acusatoria antes de enviarlas al Legislativo.
“El Ministerio Público está cumpliendo con la remisión correspondiente; sin embargo, algunas denuncias han sido observadas porque no cumplen con los requisitos del procedimiento”, señaló ante periodistas durante una visita a un mercado en Sucre.
Subrayó que la normativa exige que toda proposición acusatoria sea presentada por una persona o entidad que considere que el exmandatario o sus exministros cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones. Sin este requisito, el proceso no puede avanzar.
El fiscal general explicó que la auditoría jurídica del Ministerio Público revisa todos los documentos relacionados con Arce y sus exministros. Reiteró que solo las denuncias que superen la evaluación preliminar serán enviadas a la Asamblea Legislativa, garantizando transparencia y estricto apego a la ley.
Mariaca también confirmó que la Fiscalía analiza procesos penales vinculados a los hijos del expresidente Arce, los cuales se encuentran en etapa preliminar y sujetos a revisión técnica. Indicó que se emitirán resoluciones cuando concluya esta fase, dentro de los plazos procesales establecidos.
Si bien evitó detallar cuántas denuncias ya fueron remitidas, enfatizó que todas son nuevas y fueron presentadas recientemente. Aseguró que el Ministerio Público no acelerará ni retrasará los trámites, pues cada paso debe cumplirse rigurosamente para evitar futuras observaciones o nulidades.
Recordó que la aprobación de un juicio de responsabilidades requiere el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa y que la decisión final corresponde a ese órgano. “El Ministerio Público solo cumple con su obligación de remitir las denuncias y garantizar que los procesos avancen con respaldo legal”, afirmó.
Mariaca concluyó señalando que la Fiscalía continuará evaluando los casos y enviará al Legislativo todas las denuncias que cumplan los requisitos establecidos por la normativa boliviana.
Fuente: LaRazón
