La Fiscalía Departamental de La Paz determinó reabrir la investigación penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, según consta en el documento oficial proporcionado por el diputado Héctor Arce Rodríguez, denunciante del caso.
No obstante, el legislador expresó su desconfianza respecto a esta reapertura, al considerar que podría tratarse de una estrategia para cerrar de manera definitiva el proceso. “No se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, y no quisiera pensar que este reinicio es solo un trámite para cerrarlo y blindar al hijo del presidente”, advirtió en declaraciones a Erbol.
El caso se remonta al año pasado, cuando el diputado “evista” denunció la adquisición supuestamente irregular del predio Adán y Eva en Santa Cruz por parte de Rafael Arce. Según el parlamentario, dos de los hijos del mandatario —Rafael y Camila— recibieron créditos del Banco Ganadero por un total de 63 millones de bolivianos cuando tenían 25 y 20 años, respectivamente, a pesar de no contar con experiencia en el sector productivo. Además, denunció que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) habría facilitado un trámite exprés a favor de la familia presidencial.
Héctor Arce recordó que la denuncia fue presentada el 18 de mayo de 2024 y admitida por la Fiscalía el 20 de mayo. Sin embargo, el caso fue cerrado apenas 25 días después, lo que motivó una nueva solicitud de reapertura, esta vez con nuevos elementos probatorios.
El 24 de julio, el fiscal Hernán Kiffer comunicó al juzgado competente su decisión de reabrir el proceso contra Rafael Arce Mosqueira y contra el director de la ABT, Luis Roberto Flores, solicitando además una ampliación de 60 días para la etapa preliminar de la investigación.
Entre los nuevos indicios presentados, el diputado mencionó presuntas inconsistencias fiscales en la compra del predio Adán y Eva, que habría sido adquirida por 5,5 millones de dólares, aunque los documentos sólo reportan una transacción de 3,3 millones. También cuestionó el origen de un pago inicial de 280 mil dólares por parte de Rafael Arce, monto que —según el parlamentario— no se justifica con sus ingresos como servidor público, que en seis años y medio no superarían los 700 mil bolivianos.
A pesar de la reapertura, Arce Rodríguez manifestó su escepticismo sobre la actuación del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien acusó de mantener un supuesto “pacto de no agresión” con el Ejecutivo. “No quisiera pensar, querido pueblo de Bolivia, que esta reapertura busca solo cubrir los pocos meses que le quedan a este gobierno y luego cerrar el caso de forma definitiva, para que nunca más se investigue”, concluyó.
