La firma de un convenio intergubernativo entre la Gobernación de Santa Cruz y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), dependiente del nivel central, abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la coherencia del discurso autonómico del gobernador Luis Fernando Camacho. El documento, suscrito el 2 de diciembre de 2025, delega a la estatal eléctrica la ejecución de los proyectos de electrificación rural financiados con recursos externos.
La decisión generó críticas entre analistas y plataformas ciudadanas que observan una contradicción entre la promesa de “autonomía total” y la cesión de una competencia considerada estratégica para el desarrollo provincial.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el artículo 300 establece que la energía —incluyendo generación, producción, control y transmisión— es una competencia concurrente entre el nivel central y los gobiernos departamentales. Es decir, ambos pueden intervenir, pero las gobernaciones conservan atribuciones claves en planificación, ejecución y promoción del desarrollo rural y productivo.
En ese marco, la electrificación rural forma parte de un conjunto de responsabilidades ligadas al desarrollo económico y social, infraestructura productiva, políticas agropecuarias y servicios básicos que la propia norma asigna a los gobiernos departamentales.
Críticos se preguntan: ¿por qué la Gobernación transfirió la ejecución a una empresa estatal centralizada si la región demanda mayor control sobre sus competencias? ¿Dónde queda la lucha por el federalismo y la autonomía plena?
El convenio firmado —en el que participan el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ENDE y la Gobernación— establece la vigencia del acuerdo hasta la conclusión de los proyectos de electrificación rural contemplados en el programa ITDR III. Aunque el documento formaliza la cooperación técnica y financiera, para diversos sectores significa también un retroceso en la gestión descentralizada.
Mientras Santa Cruz continúa exigiendo mayor autonomía y reivindica un proyecto federalista, la decisión de entregar a ENDE la conducción de la electrificación rural vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la autonomía se ejerce o solo se proclama?
