Después de casi dos años de polémicas, los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunciaron este martes su decisión de cesar en sus funciones, luego de prolongar su mandato más allá del término legal previsto.
La decisión se toma mediante el auto del TCP 0087/2025-0, en un momento en que se han abierto varios procesos en contra de los “autoprorrogados” tanto en jurisdicción penal como constitucional.
El fallo pone fin a la prórroga que mantenía en el cargo a los magistrados del TCP: Gonzalo Zamorano, Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo.
Asimismo cesa en el cargo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torrez y Carlos Alberto Egüez, quienes también fueron beneficiados con la prórroga.
Estos magistrados debían concluir inicialmente su gestión en diciembre de 2023, pero se mantuvieron en sus cargos mediante una autoprórroga aprobada por la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, lo que generó cuestionamientos de parte de actores políticos e institucionales.
Asimismo, los mismos magistrados emitieron sentencias para impedir las elecciones judiciales de 2024 en cinco departamentos para le TCP y dos para el TSJ.
Ahora, la decisión de cesar en sus funciones se da mientras en diferentes jurisdicciones se han instalado procesos contra los autoprorrogados, que los exponían a sanciones penales y administrativas, incluso con devolución de recursos.
El auto constitucional 0087/2025-0 dispone que el cese de sus funciones debe ocurrir dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, y ordena que todos los actos y decisiones adoptados por estos magistrados durante el periodo prorrogado permanezcan en firme, a fin de garantizar la estabilidad jurídica.
El fallo sólo es firmado por los “autoprorrogados” y aclara que los cuatro magistrados electos en 2024 no intervinieron al no conocer el asunto.
Defienden sus actos
En su pronunciamiento, los magistrados defienden su decisión inicial de prórroga afirmando que fue “en cumplimiento de la Constitución” y que gracias a ella el TCP revirtió una decisión de sus antecesores que, según ellos, promovía la reelección indefinida como derecho humano.
Añaden que ese accionar les permitió resistir “intereses personales de poder” y preservar la independencia de los poderes del Estado, considerada por ellos “central para garantizar la vida democrática del país”.
“Jamás entregamos el poder constitucional al sistema político”, afirman, al mismo tiempo que contribuyeron a asegurar la celebración de las elecciones nacionales previstas para 2025. /Erbol/
