Por Guido Náyar Parada
La discusión sobre el diésel no puede reducirse a la derogación de un decreto. Ese sería apenas un alivio coyuntural frente a un problema que se ha convertido en estructural.
Si el Gobierno decide retroceder y dejar sin efecto la medida que incrementa el precio del diésel para determinados consumidores, habrá respondido a una presión legítima del sector productivo. Pero la pregunta de fondo seguirá pendiente:
¿Qué hacemos mañana para garantizar que el productor tenga diésel cuando lo necesite?
Esa es la discusión que Bolivia debería asumir con seriedad.
El sector agropecuario no puede planificar una campaña agrícola, sembrar, cosechar, transportar alimentos o cumplir compromisos de exportación dependiendo de si existen o no suficientes litros de diésel en el mercado interno. La producción necesita previsibilidad, y la previsibilidad comienza por garantizar el abastecimiento de los insumos esenciales.
Por eso considero que no es suficiente derogar el Decreto Supremo 5676. Es necesario avanzar hacia una Ley de Emergencia para el Autoabastecimiento de Diésel del Sector Agropecuario, que permita a los propios productores organizar mecanismos de abastecimiento utilizando recursos privados, bajo regulación, control y fiscalización del Estado.
No estamos planteando eliminar al Estado.
Estamos planteando que el Estado deje de ser un cuello de botella.
El productor debe poder comprar su propio combustible
La propuesta parte de un principio sencillo: si un productor, una cooperativa, una asociación o una organización sectorial tiene los recursos para comprar diésel en el mercado internacional, debería poder hacerlo dentro de un marco legal claro.
El Estado debe garantizar la calidad, la seguridad, la trazabilidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Pero no debería impedir que el sector productivo busque mecanismos propios para garantizar su abastecimiento.
Esto permitiría crear un régimen de autoabastecimiento productivo, mediante el cual productores individuales o agrupados puedan adquirir, importar, transportar, almacenar y distribuir diésel exclusivamente para sus propias actividades productivas.
La lógica es cambiar la pregunta.
En lugar de preguntarnos únicamente “¿cuánto diésel puede entregar el Estado?”, deberíamos preguntarnos:
“¿Cómo hacemos para que ningún productor que tenga capacidad de comprar combustible se quede sin él?”
Una ventanilla única para terminar con la burocracia
Para que esta propuesta sea viable, la primera reforma debe ser administrativa.
No tiene sentido que un productor que busca garantizar su combustible tenga que atravesar un laberinto de permisos, registros, licencias y autorizaciones ante distintas instituciones.
La ley debería establecer una ventanilla única, con procedimientos digitales, requisitos objetivos y plazos definidos.
La propuesta plantea que, presentada la documentación completa, las autorizaciones necesarias para la importación puedan resolverse en un plazo máximo de siete días hábiles.
No se trata de eliminar controles.
Se trata de hacer que los controles funcionen sin convertirse en obstáculos.
Competencia y neutralidad tributaria
Otro aspecto fundamental es establecer un régimen tributario excepcional para el combustible destinado exclusivamente al autoabastecimiento agropecuario.
El principio debe ser la neutralidad.
Si un productor utiliza recursos propios para importar diésel, no puede terminar enfrentando una carga tributaria que haga inviable su operación frente al combustible importado y comercializado por YPFB.
La propuesta, por tanto, busca evitar distorsiones y establecer reglas claras, sin generar una nueva subvención ni una obligación financiera para el Tesoro General de la Nación.
El objetivo no es crear otro gasto público.
El objetivo es permitir que el sector privado pueda resolver, con sus propios recursos, una parte del problema del abastecimiento.
Comprar juntos para producir mejor
La ley también debería permitir que las organizaciones productivas agreguen demanda.
Una asociación, cámara, cooperativa o entidad sectorial podría reunir las necesidades de cientos o miles de productores y negociar volúmenes mayores en mejores condiciones de precio, transporte y logística.
Esto permitiría generar economías de escala.
El productor pequeño no tendría necesariamente que convertirse en importador individual. Podría formar parte de un sistema colectivo de autoabastecimiento.
Una entidad especializada podría encargarse de contratar el combustible, importarlo, financiar la operación, transportarlo, almacenarlo, distribuirlo y administrar los inventarios.
Así, el productor se concentra en producir y la organización sectorial en garantizar el combustible.
Control sí, descontrol no
Algunos podrían interpretar esta propuesta como una liberalización sin controles.
No es así.
Precisamente porque hablamos de un producto sensible, la ley debe establecer un sistema riguroso de trazabilidad.
Cada litro debería poder seguirse desde:
proveedor → lote de origen → importación → Aduana → transporte → almacenamiento → despacho → organización sectorial → productor receptor → destino productivo.
La tecnología permite hacerlo.
La ANH, la Aduana Nacional y las demás entidades competentes deben tener acceso a la información necesaria para fiscalizar las operaciones.
La diferencia es que el control debe estar diseñado para evitar el contrabando y el desvío, no para impedir el abastecimiento legítimo.
La calidad tampoco puede negociarse
El diésel importado tendría que cumplir con estándares técnicos reconocidos.
Pero Bolivia tampoco debería cerrarse a una sola norma o a un único mercado de origen.
Si un combustible cumple estándares internacionales equivalentes o superiores a los exigidos por la normativa nacional, debería existir un mecanismo para reconocer esa equivalencia.
Los certificados de calidad podrían provenir de las refinerías productoras, laboratorios acreditados o empresas internacionales independientes de inspección y certificación.
El Estado conservaría la facultad de realizar sus propios muestreos y verificaciones.
Así se combinan dos principios que no son contradictorios:
facilitar la importación y garantizar la calidad.
La seguridad alimentaria está detrás de esta discusión
El diésel no es un asunto exclusivo del transporte.
En el campo mueve tractores, cosechadoras, camiones, sistemas de riego, maquinaria y toda una cadena logística que termina en los mercados.
Cuando falta combustible, no solamente se detiene una máquina.
Se pone en riesgo una campaña agrícola.
Y cuando una campaña agrícola se retrasa, el problema puede terminar llegando al precio de los alimentos y al bolsillo de las familias.
Por eso el abastecimiento de diésel debe ser entendido como un componente de la seguridad alimentaria nacional.
Bolivia no puede pretender garantizar alimentos baratos si no garantiza las condiciones para producirlos.
La ley también debe cerrar la puerta al abuso
Un régimen excepcional requiere responsabilidades excepcionales.
El combustible importado bajo este sistema tendría que estar destinado exclusivamente a los productores registrados y a las actividades productivas autorizadas.
Debe estar prohibida la reventa, la comercialización abierta, el desvío a terceros, la exportación o reexportación y cualquier manipulación de los sistemas de trazabilidad.
Quien incumpla debe ser sancionado.
Pero la sanción debe ser individualizada. El error o delito de una persona no puede terminar castigando a cientos de productores que cumplen la ley.
El objetivo es combatir el desvío sin volver a generar desabastecimiento.
El momento de cambiar el modelo
Bolivia enfrenta una crisis que no se resuelve solamente con decretos de emergencia, reuniones sectoriales o anuncios de abastecimiento.
Necesitamos comenzar a construir un nuevo modelo.
El Estado debe conservar la regulación y la fiscalización. YPFB debe continuar cumpliendo el papel que le corresponde. Pero el sector productivo también debe tener la posibilidad de buscar soluciones propias cuando cuenta con recursos y capacidad para hacerlo.
No podemos seguir esperando que una sola puerta resuelva todo el problema del combustible.
La agricultura necesita múltiples vías de abastecimiento, siempre dentro de la ley.
Por eso, si el debate nacional termina concentrándose únicamente en derogar el Decreto 5676, habremos ganado una batalla, pero no habremos resuelto la guerra.
La verdadera discusión debe ser otra:
¿Queremos que el productor siga dependiendo exclusivamente de un sistema que hoy no garantiza el abastecimiento, o estamos dispuestos a darle las herramientas legales para que pueda garantizar su propio combustible?
Mi propuesta es avanzar.
Derogar lo que perjudica al aparato productivo, pero al mismo tiempo construir una ley que le permita abastecerse.
Porque el productor no pide privilegios.
Pide algo mucho más elemental:
tener combustible para producir.
Y cuando lo que está en juego es la producción de alimentos, garantizar ese derecho no es solamente defender al agro.
Es defender la economía, el empleo, las exportaciones y la seguridad alimentaria de todos los bolivianos.
