El precandidato presidencial deja por escrito, envió una carta al presidente del máximo Órgano Electoral, que su persona no ha participado en la realización de estas encuestas, y en consecuencia no asume ninguna responsabilidad sobre las mismas.
Quiroga insiste que con la realización de la consulta de opinió se entraría en una ilegalidad al realizar encuestas, puesto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido la convocaría de las elecciones y los sondeos tienen que ser registrados de acuerdo con la norma.
Ya dijo que se correría el peligro que se utilicen como argumento para inhabilitar al candidato opositor, como ocurrió en 2015, cuando un bloque fue inhabilitado de las elecciones departamentales en Beni por comentar una encuesta.
En la misiva remitida Óscar Abel Hassenteufel Salazar, presidentre del Tribual Supremo Electoral, que se “ordene al SAMUEL DORIA MEDINA, ”se sirvan remitir al TSE los contratos celebrados con las empresas especializadas en estudios de opinión, como miembro del Bloque de Unidad, para comprobar que mi persona no firmó absolutamente ningún contrato”.
SEÑALA A DORIA MEDINA COMO FINANCIADOR
Como es de conocimiento público y notorio y como he manifestado en diversos medios de comunicación social en reiteradas oportunidades, argumenta Quiroga, pongo en conocimiento de manera formal que la encuesta de opinión electoral que ha sido anunciada por uno de los miembros del Bloque de Unidad, quien financia la misma, Samuel Doria Medina, y misma que se está desarrollando en estos días, no me involucra ni ha sido concertada con mi persona pese a ser miembro del Bloque y precandidato a la Presidencia del Estado.
“Quiero afirmar de forma clara que mi persona no ha participado en la contratación de estas empresas, ni el levantamiento de datos en el campo. Mi decisión de no participar en la presente encuesta de opinión pública para decidir el candidato a la Presidencia del Bloque de Unidad, se basa fundamentalmente en el respeto a la ley”, explica el líder de Bolivia libre.
HACE REFERENCIA A LA NORMATIVA DE ENCUESTAS
En su carta, Tuto argumenta:
No podemos ignorar que el Artículo 238, de la Ley No. 026 bajo el Nomen Iuris de Delitos Electorales, establece que: “Constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones:
k. Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años”.
Los resultados que provoca semejante desatino afectan no solo a precandidatos como es mi caso, sino al derecho del ciudadano de contar con alternativas para definir su voto. La sentencia ejecutoriada en materia penal constituye causal de inhabilitación según el artículo 234) Inc. 4) de la Constitución Política del Estado que dice: “Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: 4) No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendiente de cumplimiento”.
El cumplimiento de la ley es el fundamento del Estado de Derecho. Para quienes hemos tenido el honor de ejercer la primera magistratura del país, y aspiramos como candidatos a tan alto honor, no puede constituir una opción para violar la ley electoral. Una decisión tan importante como la de elegir un candidato a la Presidencia del Estado, no puede basarse en una ilegalidad por más que se pretenda disfrazarla.
Termina dejando claro que su persona no ha participado en la realización de estas encuestas, y en consecuencia no asume ninguna responsabilidad sobre las mismas
