El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz (Aprobin), Franklin Poppe, informó este sábado que ese sector desconoció la Ley de Alquileres, recientemente promulgada por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, porque la consideran inconstitucional e injusta. Expresó que con esa acción el Movimiento Al Socialismos (MAS) perderá votos en las próximas elecciones del 18 de octubre.
“Creo que la lectura del MAS (sobre las elecciones) ha sido errada. Ellos han imaginado que porque hay una mayor cantidad de inquilinos van a conseguir cautivar a ese número masivo de inquilinos y se han olvidado a la otra parte a la cual están perjudicando. Yo pienso que van a perder mucho. Escucho comentarios (entre) los asociados y es que realmente han llegado a un extremo con esta norma”, sostuvo Poppe.
En contacto con ANF, calificó la norma como injusta, inconstitucional y perjudicial tanto para propietarios como para inquilinos y en ese sentido dijo que dentro de la asociación directamente desconocieron la norma. “Dentro de la asociación estamos desconociendo esta norma”, acotó.
Según el análisis de Poppe, la nueva Ley de arrendamiento viola directamente aspectos básicos de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre el derecho y respeto a la propiedad privada. Citó artículos de la Carta Magna los cuales señalarían la imparcialidad y la igualdad que tendría que haber en las leyes proyectadas.
También se refirió al artículo 56 de la CPE, en el que se garantiza el derecho a la propiedad privada siempre que esta cumpla la función social y que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
Alista defensa frente a la ley
Desde la asociación de propietarios de La Paz alistan medidas de defensa legal frente a la ley de arrendamiento. “Nosotros estamos preparando en la Aprobin el último manifiesto y estamos preparando las acciones legales que el caso amerita, tanto en el aspecto de inconstitucionalidad como posibles querellas penales contra los autores de estas vulneraciones constitucionales y legales”, explicó Poppe.
EL MAS ACUSA A DORIA MEDINA
El diputado proyectista Víctor Borda (MAS) afirmó este sábado que Samuel Doria Medina, dueños de edificios y condominios conformaron un grupo colegiado que influencia en Palacio de Gobierno para que la Ley Excepcional de Arrendamiento (Alquileres) no se aplique.
Lamentó que Jeanine Añez no esté gobernando en favor del pueblo y asuma posición insensible contra 450 mil personas que viven bajo contrato de alquiler en casas familiares y más de un millón 500 mil personas que tienen tiendas comerciales bajo contratos de alquiler.
Sostuvo que este pequeño grupo rechaza la ley que tiene un carácter estrictamente social y excepcional, tanto así que los propios dueños de casas entendieron el sentido solidario y arreglaron con sus inquilinos, pero hay este grupo colegiado que ejerce presión en Palacio de Gobierno.
“Son pequeños grupos corporativos, ahí está el señor Doria Medina, propietarios de edificios y condominios que están influenciando para que no se defienda la economía del pueblo boliviano, porque esta ley defiende al pueblo, a los ancianos, a las mujeres embarazadas y personas que no tienen capacidad de cancelar la totalidad de un canon de alquiler”, dijo a Erbol.
Lamentó que el Ejecutivo no tenga abogados que lean el Código de Procedimiento Constitucional donde se establece claramente que la presidente Añez no tiene facultades de presentar un recurso de constitucionalidad previa sino únicamente la presidenta de la Asamblea, tratándose de proyectos de ley originados por la Asamblea o por una de sus cámaras legislativas.
Este proyecto se originó en la Cámara de Diputados y una vez sancionado el Ejecutivo tenía 10 días de plazo para observar, vetar o promulgar, sin embargo transcurrieron 35 días sin que el Ejecutivo se haya pronunciado y al contrario escogió por una consulta equivocada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Borda entiende que el Ejecutivo presentará el lunes un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal, pero aclaró que esto “no enerva, no modifica la ley” que se encuentra en plena vigencia en tanto el Tribunal Constitucional no emita una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley. (ANF y ERBOL).
