Un año después de asumir la Presidencia, Rodrigo Paz llega a su primer aniversario con un balance que tiene dos dimensiones: las decisiones estructurales que tomó para enfrentar la crisis económica heredada y los resultados que todavía debe consolidar para convencer a la población de que el costo del ajuste tendrá beneficios concretos.
El Gobierno presenta estos doce meses como el inicio de una etapa de ordenamiento económico e institucional. La eliminación de la subvención a los combustibles, la reducción de la estructura ministerial de 21 a 12 carteras, la supresión de mecanismos de compras directas y la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) forman parte de un conjunto de decisiones que buscan modificar el funcionamiento del Estado.
No se trata de cambios menores. Durante años, la subvención a los carburantes fue uno de los principales instrumentos de intervención estatal en la economía boliviana. Su eliminación representa un cambio de orientación económica y obliga a revisar el modelo de administración de los recursos públicos, la política energética y la relación entre el Estado y los sectores productivos.
Pero una decisión económica no se mide solamente por su anuncio. Su verdadero alcance se conoce cuando se examina cuánto cuesta, quiénes soportan sus efectos y qué beneficios produce.
Del ajuste económico a la recuperación productiva
El argumento central del Gobierno es que Bolivia no podía continuar sosteniendo un esquema de gasto público que, según su diagnóstico, había debilitado las reservas internacionales y comprometido la disponibilidad de combustibles y divisas.
La eliminación de la subvención buscó reducir la presión sobre las finanzas públicas y corregir los precios de los carburantes. Pero también trasladó una parte del costo del ajuste a transportistas, productores, comerciantes y consumidores, que tuvieron que enfrentar nuevos precios y presiones sobre sus costos de operación.
La discusión, por tanto, no termina en cuánto dinero deja de gastar el Estado. La pregunta es si esos recursos liberados se convierten efectivamente en inversión pública, hospitales, educación, infraestructura y oportunidades económicas.
El Gobierno defendió esta orientación con una frase pronunciada por Paz durante el relanzamiento de la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz: «Prefiero invertir en refinación que en subvención».
La declaración resume una de las apuestas estratégicas de su administración: recuperar la capacidad nacional de procesar hidrocarburos y disminuir la dependencia de la importación de combustibles terminados.
La autorización para importar petróleo crudo y procesarlo en las refinerías de Santa Cruz y Cochabamba apunta en esa dirección. El Ejecutivo reportó un incremento de la producción mensual de gasolina de 61 a 113 millones de litros y de diésel de 16 a 39 millones de litros. Son cifras institucionales que requieren seguimiento para establecer cuánto de ese aumento se sostiene y qué impacto tiene sobre el abastecimiento nacional.
El problema energético, sin embargo, no se resuelve únicamente con refinación. Bolivia necesita recuperar la exploración, incrementar sus reservas de hidrocarburos, atraer inversiones y reconstruir una industria que durante años fue una de las principales fuentes de divisas del país.
Los indicadores mejoran, pero la economía familiar espera
Uno de los argumentos que presenta la administración de Paz para respaldar su primer año es la recuperación de algunos indicadores financieros.
Según el balance difundido por la Oficina del Presidente, el riesgo país descendió de 2.200 a 421 puntos y las reservas internacionales aumentaron de 3.167 a 4.399 millones de dólares. A ello se suma la aprobación de un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar el programa económico y fortalecer la posición externa del país.
