El paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Rodrigo Paz y explicado por el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, marca el giro más profundo en la política fiscal boliviana de los últimos años. Se trata de un replanteamiento estructural del gasto público, la política tributaria y la transparencia en los pagos estatales. A continuación, un análisis detallado de su alcance, lógica económica y desafíos.
1. Reducción del gasto público en 30%: un ajuste fiscal de gran magnitud
El Gobierno solicitó a la Cámara de Diputados la devolución del proyecto de Presupuesto General del Estado para reformularlo e introducir una regla fiscal que permita revisar y ajustar el gasto hasta febrero de 2026, con una meta de reducción del 30%.
Implicaciones económicas
- Según Espinoza, esta reducción representa aproximadamente 4 puntos porcentuales del PIB, un ajuste significativo para cualquier economía.
- El recorte está dirigido especialmente al gasto corriente, rubro que ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsado por burocracia, consultorías, mantenimiento y gastos recurrentes que —según el ministro— “no llegan a la gente”.
- Espinoza subraya que áreas esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura estarán protegidas, por lo que los recortes se concentrarían en gastos improductivos o que no generan retorno social.
Lectura política
El Gobierno busca diferenciarse del patrón fiscal de las administraciones anteriores, señalando que gran parte del gasto estatal se convirtió en un lastre que no se traduce en servicios ni inversión.
2. Abrogación de cuatro impuestos de baja recaudación
El Ejecutivo anunció el envío de tres proyectos de ley para eliminar:
- Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF)
- Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF)
- Impuesto al Juego
- Impuesto a las Promociones Empresariales
Justificación técnica
El conjunto de estos tributos representa menos del 1% de la recaudación nacional, pero —según el Gobierno— ha generado efectos negativos en el clima de negocios y la inversión.
Punto clave: el IGF
Rodrigo Paz afirmó que el Impuesto a las Grandes Fortunas provocó la salida de más de Bs 2.000 millones del país, capitales que se habían desplazado hacia economías vecinas como Paraguay.
Este argumento coincide con preocupaciones previas del sector privado sobre la falta de atractivos para atraer inversión extranjera directa.
3. Reordenamiento de prioridades: pagos de la deuda interna
El Gobierno anunció que dará prioridad al pago de deudas estatales con proveedores pequeños, los más afectados por la mora acumulada.
Medidas anunciadas
- Publicación de todos los pagos en la página del Ministerio de Economía.
- Detalle de desembolsos relevantes para transparentar prioridades.
- Enfoque inicial en rubros críticos:
- Combustibles
- Medicamentos
- Beneficios sociales (Renta Dignidad, jubilaciones)
Significado
Con esta decisión, la administración Paz busca mostrar disciplina fiscal y un giro hacia la transparencia, una demanda recurrente de gremios empresariales, control social y organismos multilaterales.
4. Evaluación general: ¿ajuste necesario o riesgo para la actividad económica?
Fortalezas de la estrategia
- Racionalización del gasto: el recorte del 30% es una señal potente para recuperar equilibrio fiscal en un país que arrastra déficits consecutivos desde 2015.
- Reactivación por clima de inversión: la eliminación de impuestos cuestionados podría mejorar la confianza empresarial.
- Transparencia fiscal: la publicación de los pagos estatales constituye un avance institucional relevante.
Riesgos y desafíos
- Un ajuste de esta magnitud podría generar impactos contractivos si no se acompaña de inversión productiva público-privada.
- La capacidad del Estado para sostener servicios sin afectar la calidad dependerá del rigor técnico en la selección de recortes.
- La decisión de eliminar el IGF podría abrir un debate político y social sobre la equidad tributaria.
El paquete de medidas de Rodrigo Paz representa un cambio de paradigma en la gestión económica boliviana: menos gasto corriente, mayor disciplina fiscal, incentivos al sector privado y transparencia en la administración pública. Es un ajuste ambicioso que, de ejecutarse con consistencia y respaldo político, podría reorientar las finanzas públicas hacia un modelo más sostenible; sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar austeridad con crecimiento económico y estabilidad social.
