El senador Wilder Véliz (PDC) informó que el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una Resolución Camaral que exhorta a la Dirección Nacional de Migración a prohibir la salida del país a exautoridades, entre ellas del expresidente, del exvicepresidente y exministros, mientras se esclarecen las denuncias en su contra.
“Hemos presentado un proyecto de Resolución Camaral, aprobado por unanimidad, para que estas exautoridades no salgan del país antes de que se esclarezcan todos los presuntos hechos de corrupción que se están describiendo en los diferentes ministerios, viceministerios y direcciones”, explicó Véliz.
La resolución será remitida tanto a la Contraloría General del Estado como a la Dirección Nacional de Migración, según precisó el legislador.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó el jueves que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen fugó del país y se sospecha que se encuentra en Brasil.
“Esto es lamentable. En el caso de Dorgathen, la Policía cumple sus funciones: se lo presenta a la Fiscalía, esta emite un apremio y alertas migratorias, pero un juez de Santa Cruz lo libera y él se fuga”, señaló Oviedo.
En la misma línea, la senadora Ana María Crispín (PDC) señaló que se solicitó el cumplimiento de la Ley 1352, que establece la permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades salientes durante tres meses.
“Migración debe cumplir la normativa para evitar que las autoridades salientes abandonen el país. Justamente se aprobó la resolución y nos enteramos de la salida del expresidente de YPFB”, afirmó.
Crispín advirtió que existen “muchas exautoridades” cuyo paradero se desconoce debido a la falta de informes técnico-legales. Añadió que la comisión legislativa presentó peticiones de informe escrito para avanzar en tareas de fiscalización y establecer responsabilidades.
“La economía de Bolivia se ha puesto por debajo y lamentablemente no hay responsables, no hay devolución. Tenemos que ser parte de que no solo quede en arresto, sino que devuelvan lo que han robado”, sostuvo.
La Ley 1352, promulgada el 14 de octubre de 2020, obliga a que autoridades del nivel central del Estado y de entidades territoriales autónomas permanezcan en el país durante tres meses después de concluir su mandato o ser destituidas, con el fin de rendir informes y precautelar los intereses del Estado. /LaRazón/
