La determinación de la jueza Alejandra Menacho, del Tribunal 14 de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, de imponer 100 días de detención preventiva al alcalde cruceño marca un punto de inflexión político e institucional en la capital oriental. La decisión se sustenta en la existencia de riesgos procesales dentro del denominado caso “pavimento fantasma”, que investiga un presunto pago irregular de entre 6 y 6,7 millones de bolivianos por obras viales no ejecutadas en los distritos 13 y 14.
La medida cautelar y su alcance
La jueza fundamentó su resolución señalando que el plazo es “prudencial” para que el Ministerio Público realice los actos investigativos pendientes. La Fiscalía había solicitado 180 días de reclusión preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola; sin embargo, el juzgado determinó 100 días.
La imputación formal incluye los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en el Código Penal boliviano. La defensa anunció apelación inmediata, lo que activará la revisión de la medida por un tribunal de alzada.
El abogado Vladimir Honor sostuvo que la decisión es “equivocada” y que la acusación se basa únicamente en un informe operativo de la Contraloría General del Estado, el cual —según su versión— contiene recomendaciones ya cumplidas. También enfatizó que la detención preventiva no implica una sentencia condenatoria y que el alcalde enfrenta el proceso “seguro de su inocencia”.
El trasfondo institucional
El caso surge a partir de observaciones de la Contraloría sobre la ejecución de un plan de pavimentación de cuatro kilómetros de calles y avenidas. La Fiscalía argumenta que existen indicios suficientes para sostener la imputación y que concurren riesgos de fuga y de obstaculización.
Desde el punto de vista jurídico, la detención preventiva es una medida excepcional que debe aplicarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad y fundamentación estricta. El debate central ahora no es solo penal, sino político: ¿se trata de una acción estrictamente judicial o de un episodio más en la confrontación electoral local?
Durante la audiencia, el alcalde calificó el proceso como un “hecho político” y cuestionó la ausencia del denunciante, el exconcejal Manuel Saavedra. Su defensa insiste en que existe una interpretación errónea del informe de control gubernamental.
Impacto político
La detención preventiva de un alcalde en funciones reconfigura el tablero político cruceño. Más allá de la resolución judicial, el caso instala tres efectos inmediatos:
- Debilitamiento institucional del Ejecutivo municipal.
- Polarización del debate electoral.
- Reforzamiento del discurso anticorrupción como eje de campaña.
En el escenario público, la narrativa se divide entre quienes ven un acto necesario de control institucional y quienes advierten una judicialización de la política.
Más que 100 días
Los 100 días de detención preventiva no son una condena, pero sí representan un período crítico para la estabilidad municipal y la credibilidad del sistema judicial. La apelación presentada deberá definir si la medida se mantiene, se modifica o se revoca.
En términos políticos, el caso trasciende al alcalde. Pone en discusión la calidad de la gestión pública, la eficacia de los mecanismos de control y el delicado equilibrio entre justicia y poder.
Santa Cruz no solo observa un proceso penal; asiste a un episodio que marcará el tono de la campaña y el debate institucional en los próximos meses.
