Por Guido Náyar
Empresario agropecuario y expresidente de Fegasacruz
El congreso del sector agroproductivo que se realizará este jueves no debería ser un encuentro más de dirigentes para aprobar resoluciones, formular pedidos al Gobierno y esperar respuestas. Debe ser, por el contrario, el punto de partida de una transformación profunda de la institucionalidad del sector productivo boliviano.
Durante 21 años, el agro ha vivido una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Hemos producido, invertido, generado empleo, alimentado al país y aportado divisas, mientras enfrentamos inseguridad jurídica, avasallamientos, restricciones a las exportaciones, dificultades para acceder a combustibles y una institucionalidad que muchas veces terminó funcionando más como un mecanismo de presión que como un instrumento de apoyo a la producción.
El problema, por tanto, no es solamente el diésel. El diésel es hoy la expresión más visible de una crisis mucho mayor.
El modelo se agotó
En 1998, cuando formábamos parte del gobierno del general Banzer, se adoptaron medidas para proteger la producción nacional frente a la competencia de países vecinos que contaban con políticas estatales de apoyo a sus productores.
El subsidio al combustible tuvo entonces una lógica productiva.
Pero Bolivia cambió. El país pasó de recibir miles de millones de dólares por la renta del gas a convertirse en un importador de combustibles, sin las divisas suficientes para sostener ese modelo.
Durante años se utilizaron los ingresos provenientes del gas, de la minería y de las exportaciones para sostener un sistema que terminó generando enormes distorsiones y, en mi opinión, abrió espacios para el contrabando y la corrupción.
Hoy estamos pagando las consecuencias. Ya no alcanza con anunciar nuevas medidas cada vez que aparece una emergencia. Bolivia necesita una estrategia nacional para volver a producir, invertir y exportar.
El sector productivo debe dejar de ser un actor facilitador
Aquí está, quizás, el mayor desafío del congreso de este jueves.
La dirigencia agropecuaria ha privilegiado durante años la concertación. Se buscó acordar con cada gobierno, evitar confrontaciones y preservar lo que se podía preservar.
Pero después de dos décadas, debemos preguntarnos sinceramente si esa estrategia funcionó.
Los avasallamientos continúan. La inseguridad jurídica continúa. Las restricciones a las exportaciones continúan. Las instituciones vinculadas a la tierra y al sector forestal continúan generando incertidumbre.
Entonces debemos cambiar.
El sector productivo debe pasar de una actitud facilitadora a una posición institucional seria, firme e integral.
No se trata de confrontar por confrontar. Se trata de defender una visión de país.
La seguridad jurídica no puede seguir siendo un discurso
Bolivia necesita una nueva política de tierras. No podemos continuar viviendo una reforma agraria permanente, donde cada gobierno modifica las reglas y cada productor vuelve a preguntarse si mañana seguirá siendo dueño de lo que trabajó durante décadas.
La mayor seguridad jurídica no es una promesa ni un discurso. Es una institucionalidad que garantice la propiedad, respete las inversiones y haga cumplir la ley.
También debemos revisar profundamente el funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar y fiscalizar la tierra, los bosques y la producción.
No necesitamos instituciones que persigan al productor. Necesitamos instituciones que hagan cumplir la ley y protejan al que produce.
¿Cómo queremos dólares si prohibimos exportar?
Esta es otra contradicción que debemos enfrentar. Bolivia necesita divisas. El país necesita dólares. El Estado necesita exportaciones.
Pero al mismo tiempo se mantienen restricciones, cupos y prohibiciones que dificultan que quienes producen puedan vender en los mercados internacionales.
¿Dónde está la lógica?
Si necesitamos dólares, debemos producir para exportar. No podemos seguir sosteniendo la idea de que exportar es una amenaza para el mercado interno. La verdadera amenaza es dejar de producir.
Bolivia necesita una política de libertad productiva y exportadora, con reglas claras y previsibles.
El diésel no puede seguir siendo una improvisación
Hoy el productor enfrenta una realidad concreta: no hay suficiente diésel para cosechar y existe incertidumbre sobre el combustible que necesitará para sembrar.
Y si el combustible llega a precios que hagan inviable la producción, el problema será todavía mayor.
Por eso planteamos una medida de emergencia: permitir que el propio sector productivo pueda importar directamente diésel destinado a producir, bajo mecanismos legales, transparentes y fiscalizados.
No podemos esperar a que una burocracia resuelva una emergencia que ocurre en el campo todos los días.
El productor necesita combustible para sembrar hoy, no una promesa para mañana.
El campo también necesita seguridad
Hay otra realidad que pocas veces se cuenta.
En las provincias existe inseguridad. Existen delitos que no siempre llegan a los medios de comunicación. Productores y trabajadores rurales viven situaciones que no pueden ser normalizadas.
La seguridad en el campo debe formar parte de una política integral de producción.
No puede existir seguridad alimentaria si no existe seguridad para quienes producen los alimentos.
Alimentar al país es una responsabilidad nacional
El sector agroproductivo no está defendiendo únicamente un negocio privado.
Está defendiendo la alimentación de Bolivia.
Cuando se destruye la capacidad productiva, el país termina importando alimentos. Cuando se desalienta la inversión, disminuye la producción. Cuando se restringen las exportaciones, desaparecen divisas. Cuando no existe seguridad jurídica, desaparece la inversión.
Todo está conectado.
Por eso el debate de este jueves debe superar la coyuntura.
No podemos limitarnos a discutir el precio del diésel o reclamar por una medida determinada. Debemos discutir qué modelo productivo queremos para los próximos 20 años.
El momento de cambiar es ahora
El sector productivo ya no tiene tiempo.
Se acabó el tiempo de esperar que cada gobierno resuelva nuestros problemas.
Se acabó el tiempo de creer que una nueva autoridad, un nuevo decreto o una nueva promesa solucionará una crisis estructural.
Necesitamos una nueva institucionalidad.
Necesitamos seguridad jurídica.
Necesitamos libertad para producir y exportar.
Necesitamos combustible para producir.
Necesitamos seguridad en el campo.
Necesitamos instituciones que estén al servicio del productor y no del poder político.
Y necesitamos una dirigencia que tenga la capacidad de defender estos principios frente a cualquier gobierno, sin importar su signo político.
El congreso de este jueves tiene, por eso, una responsabilidad histórica.
No debería decidir solamente qué pedirle al Gobierno.
Debería decidir qué sector agroproductivo queremos construir y qué papel queremos que tenga Santa Cruz en el futuro económico de Bolivia.
Porque el campo no puede seguir siendo solamente el que produce cuando el país necesita alimentos, ni el que genera divisas cuando el Estado necesita dólares.
El campo debe ser reconocido como lo que realmente es:
uno de los pilares estratégicos sobre los que Bolivia puede reconstruir su economía.
Y para lograrlo, primero debemos transformar nuestra propia institucionalidad.
