El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó este jueves que el Gobierno no protegerá ni encubrirá a autoridades o exautoridades investigadas, tras la nueva lista de bolivianos con visas suspendidas por Estados Unidos, que incluye a legisladores, jueces y exfuncionarios.
“No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege. Este Gobierno no encubre, no protege y no negocia impunidad”, sostuvo Gálvez al fijar la posición del Ejecutivo frente a las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado estadounidense.
El vocero señaló que existen líneas de investigación abiertas en Bolivia contra varias de las personas incluidas en la lista, algunas desde hace varios meses. Añadió que quienes todavía ocupaban cargos en la actual gestión gubernamental fueron cesados de sus funciones.
Gálvez indicó que el Gobierno coordina con países aliados y espera información complementaria de Estados Unidos, pero remarcó que las investigaciones y la aplicación de las normas corresponden a la justicia boliviana.
Asimismo, aclaró que aparecer en una lista no equivale a una condena y que se debe respetar el debido proceso.
Además sostuvo que la principal preocupación es la posible penetración de organizaciones criminales en instituciones estatales, entre ellas el sistema judicial y la Policía. Aseguró que, si existen indicios, se investigará; si hay pruebas, se acusará y, si la justicia determina responsabilidades, se aplicarán sanciones.
La nueva lista anunciada por Estados Unidos incluye a 40 personas sujetas a restricciones de visa, de las cuales se difundieron los nombres de 15 ciudadanos bolivianos y se informó que las medidas alcanzan también a sus familiares inmediatos.
Entre los señalados están los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, el exfiscal general Juan Lanchipa y autoridades judiciales, policiales y exfuncionarios. En septiembre, Washington ya había anunciado sanciones contra otros 13 bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca
La promesa de Rodrigo Paz y la responsabilidad del Estado
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, fijó una posición categórica: “No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege. Este Gobierno no encubre, no protege y no negocia impunidad”.
El mensaje busca marcar distancia respecto de prácticas de protección política que durante años han alimentado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Pero la contundencia del discurso también eleva las expectativas. Si el Ejecutivo asegura que no habrá privilegios, la población tiene derecho a esperar que esa promesa se traduzca en investigaciones objetivas, transparencia institucional y respeto al debido proceso.
El Gobierno sostiene que existen líneas de investigación abiertas en Bolivia contra algunas de las personas mencionadas y que los funcionarios que todavía ocupaban cargos en la actual administración fueron cesados. También indicó que coordina con países aliados y espera información complementaria de Estados Unidos.
Aquí aparece el primer desafío político: demostrar que las decisiones adoptadas no responden únicamente a la presión externa, sino a una política nacional consistente de fortalecimiento institucional.
La destitución de un funcionario no equivale a esclarecer un caso. La apertura de una investigación tampoco garantiza que se llegue a la verdad. Para que la promesa oficial tenga credibilidad, deben conocerse los avances de los procesos, sus fundamentos jurídicos y las decisiones que adopten las autoridades competentes.
El Gobierno, además, tendrá que demostrar que su posición se aplica sin distinciones partidarias, jerárquicas o personales.
¿Puede Washington acelerar lo que Bolivia no ha resuelto?
Las decisiones estadounidenses generan una presión que las instituciones bolivianas difícilmente pueden ignorar. Sin embargo, también dejan al descubierto una contradicción: si un Gobierno extranjero adopta medidas contra funcionarios bolivianos por presuntos vínculos con corrupción o narcotráfico, la pregunta inmediata es qué han investigado las autoridades nacionales y qué resultados pueden mostrar.
Esta interrogante no significa que Washington disponga necesariamente de pruebas suficientes para sostener una acusación penal en Bolivia. Los procedimientos migratorios estadounidenses y los procesos penales bolivianos tienen finalidades, estándares y consecuencias diferentes.
Pero sí obliga a examinar la capacidad del Estado para obtener información, verificar indicios, proteger a los investigadores y actuar sin interferencias.
La soberanía nacional no consiste en rechazar automáticamente las decisiones de otro país ni en aceptarlas como verdades judiciales. Consiste en contar con instituciones capaces de evaluar la información, contrastarla con sus propias investigaciones y adoptar decisiones conforme a la legislación boliviana.
Por eso, la coordinación internacional anunciada por el Ejecutivo puede resultar importante, siempre que se realice por canales legales y preserve la independencia de fiscales y jueces.
Bolivia necesita cooperación internacional, pero también necesita demostrar que no depende de una lista extranjera para investigar hechos que podrían afectar a sus propias instituciones.
