Hay nuevo decreto y resolución gubernamental que marcan cómo debería desarrollarse las clases, pero los maestros urbanos aclaran que en la práctica real no existen las condiciones para poner en marcha en nuevo año escolar en Bolivia.
“Estamos preocupados y en estado de emergencia porque es nuestra responsabilidad pedir y reclamar lo que hace falta en la educación, tanto en políticas administrativas, así como en solvencia y la responsabilidad de los que se van hacer cargo de lo que se necesita”, alertó Patricio Molina, secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, en el programa Desayuno informado de Asuntos Centrales.
Para que la población no satanice a los dicentes, cree necesario explicar que hay tres elementos sustanciales para la nueva realidad educativa en el país:
-La práctica del docente
-La práctica administrativa, con normativas correctas que ayuden a encaminar la educación
-Los recursos y los materiales que estén garantizados para desarrollar las prácticas escolares
Molina insistió en la preocupación del magisterio urbano porque nuevamente se ha llegado a las exigencias que tenían el año pasado frente a la mala política impulsado por el exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas. “En 2020 nos movilizamos en contra de un decreto supremo que se lavaba las manos respecto a la educación, el cual ha sido abrogado y remplazado por otro que mantiene la esencia del anterior a través de una resolución”, puntualizó.
Preocupa a los docentes porque consideran que el Estado está traspasando sus responsabilidades a los municipios generando una sobrecarga a los directores de las unidades educativas. “Para asumir esas responsabilidades es con recursos, y nos los hay. La mayoría de las entidades territoriales de base está en quiebra porque usaron sus recursos para frenar el Covid 19 y no tienen para atender educación. Las condiciones objetivas y materiales no están garantizadas para iniciar clases, aclarando que no hemos tomado ninguna determinación”, agregó el ejecutivo de los profesores urbanos.
DECRETO-ESLOGAN
Ratificó que si ben el decreto 4260 (del gobierno transitorio) ha sido abrogado y remplazado por el 4449, en el que se habla de que las entidades jerárquicas de Estado tienen la obligación de colocar el eslogan de que el 2021 es el año de la recuperación del derecho a la educación. Simplemente eso, obliga a usar un eslogan.
Molina explica que en una disposición final se establece que no habrá recursos adicionales, no contiene ninguna política o práctica que ayude a los maestros a desarrollar su profesión y ayude a los estudiantes a recibir una educación de calidad en tiempo de pandemia. “Toda la esencia del decreto, sobre las tres modalidades, está traslada a resolución administrativa 1-2021, que es obligatoria y coercitiva, pero no hay una norma que obligue a priorizar la educación a los gobiernos municipales”, agrega.
Dio como ejemplo que para las clases semipresenciales y presenciales deberían estar garantizado la bioseguridad, como las cámaras de desinfección en todas las unidades educativas. En otros escenarios normales no pueden garantizar ni siquiera agua potable en las unidades escolares y muchas no tienen electricidad, cosas que no pueden dejar pasar por alto.
Precisó que en la modalidad virtual tiene que quedar claro que si bien está garantizado en acceso gratuito a la plataforma del Ministerio de Educación, pero no hay acceso a internet. “No tenemos cómo será la mecánica como serán las clases por los medios audiovisuales, solo hay los textos para nivel inicial y primario, no de la secundaria donde está el grueso de los estudiantes”, remarcó.
RETROCESO
Los maestros creen que pese a presentar una propuesta técnica trabajada entre encuentros del sector y a reuniones con el Ministerio de Educación hay un retroceso en el diálogo, porque hay una decisión política cerrada del Gobierno nacional. Ante los oídos sordos de las autoridades, se anuncia que habrá un encuentro de las 31 federaciones de maestros urbanos del país para adoptar determinaciones y exigencias. “Estamos es una realidad hostil por la pandemia del Covid 19, ya han fallecido más de 1.600 profesores, todo puede pasar”, destacó Molina al ser consultado de posibles movilizaciones.
Incluso, hizo un llamado a los padres de familia, para que reclamen porque se perfila una sobrecarga económica tal como están planteadas las cosas sobre las clases. Para él, las políticas administrativas deben ir acompañadas de recursos y el esfuerzo del Estado porque así lo manda la Constitución.
