La política municipal cruceña volvió a ser rehén de los jueces. La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó suspender la sesión del Concejo prevista para este 1 de octubre, donde debía elegirse la nueva directiva.
El argumento: “prevenir vulneraciones de derechos” tras un amparo presentado por Silvana Mucarzel Demetry e Israel Alcocer Candia. La audiencia fue fijada para el 3 de octubre a las 8:45 de la mañana, postergando así la decisión de la mayoría del Concejo y dejando el control institucional en manos del tribunal.
La medida, aunque presentada como una garantía constitucional, es en los hechos una intromisión directa en la dinámica política local. Una vez más, los tribunales paralizan la vida municipal y terminan sustituyendo la voluntad de los concejales elegidos por voto ciudadano.
El Concejo queda maniatado y la población, nuevamente, observa cómo la justicia se convierte en árbitro político antes que en garante de derechos. Una justicia que debería ser independiente, hoy aparece como un actor central en las disputas de poder, debilitando la institucionalidad y deslegitimando la autonomía municipal.
