La discusión sobre quién ocupa los cargos públicos en Santa Cruz ha vuelto al centro del escenario político, esta vez impulsada por la propuesta del precandidato a la Gobernación, Guido Náyar. Su planteamiento es directo: los puestos estatales asignados en la región deben ser ejercidos por profesionales que viven, trabajan y aportan a Santa Cruz. Lo que para muchos es un principio elemental de equidad territorial, para otros se ha convertido en una batalla largamente postergada.
Durante dos décadas, la estructura estatal instalada en el departamento operó bajo una lógica de centralización política. Numerosos cargos fueron ocupados por personas vinculadas al Movimiento al Socialismo, muchas de ellas trasladadas desde otros departamentos. En la percepción de amplios sectores cruceños, este fenómeno generó un desplazamiento sistemático de jóvenes y profesionales locales, creando una brecha que no solo afectó oportunidades laborales, sino también la relación entre el Estado y la región.
El efecto más doloroso se vio en la juventud formada en universidades públicas y privadas. Ante la falta de acceso a la función pública y la ausencia de concursos transparentes, miles de jóvenes optaron por migrar. La fuga de talento no fue una consecuencia inevitable: fue resultado de un modelo que subordinó el mérito al cálculo partidario.
Ahora, con el inicio del gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara, el debate vuelve a abrirse con fuerza. Para Náyar y otros actores políticos y sociales, es tiempo de corregir el desequilibrio y recuperar un principio básico: cada región debe beneficiarse de su propio capital humano. No se trata de excluir, sino de restituir derechos. No se busca levantar muros, sino garantizar que el Estado responda a las realidades territoriales y respete el aporte de quienes construyen la región día a día.
Las instituciones públicas en Santa Cruz —alcaldías, gobernación, empresas estatales, aduanas y reparticiones sectoriales— necesitan volver a ser espacios de servicio, eficiencia y confianza ciudadana. El señalamiento de prácticas clientelares, favoritismos y estructuras improvisadas dejó una herida institucional que solo puede sanar con profesionalización y meritocracia.
La consigna “Justicia Laboral Regional Ya”, planteada por el ex líder cívico, expresa un sentimiento extendido: el reclamo de que el trabajo público vuelva a ser una oportunidad abierta para quienes viven en la región y no un botín administrativo. La prioridad regional no es un privilegio: es la reafirmación del derecho al trabajo, del equilibrio territorial y de la transparencia en la administración pública.
El desafío para el nuevo Gobierno es enorme. Requiere depurar las prácticas heredadas, establecer criterios claros de selección, abrir concursos públicos reales y garantizar que la filiación política no vuelva a ser un requisito ni un filtro. Construir un Estado moderno significa romper con la lógica del control partidario y abrazar principios de mérito, capacidad, ética y arraigo.
Santa Cruz demanda una administración pública que refleje su dinamismo y su capital humano. El país necesita un Estado que valore sus regiones y que promueva el talento donde nace, se forma y se compromete. Avanzar hacia un modelo de justicia laboral regional no es solo un acto administrativo: es una apuesta por un Estado más justo, más profesional y más respetuoso de su diversidad territorial.
Náyar considera que la meritocracia no debe ser un discurso, sino una política. Y el respeto a las regiones, una convicción permanente. Solo así Bolivia podrá construir un futuro donde cada departamento encuentre en sus instituciones no un mecanismo de control político, sino un aliado real para su desarrollo.
