Este mes se celebró la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que han sido observadas con detenimiento, y las encuestas mostraron un pronóstico errado porque subestimaron el apoyo con el que cuenta el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, un líder de extrema derecha, y otros candidatos conservadores de todo el país.
Muchos integrantes de la derecha se pusieron furiosos y criticaron las encuestas por estar desconectadas del electorado brasileño.
Esa reacción no fue ninguna sorpresa. Lo que pasó después, sí lo fue.
A instancias de Bolsonaro, algunos líderes políticos brasileños ahora buscan tipificar como delito las predicciones incorrectas de una elección.
La Cámara de Diputados de Brasil ha acelerado un proyecto de ley que penalizaría la publicación de una encuesta que luego se compruebe que estuvo fuera de su margen de error. Se prevé que la Cámara Baja, controlada por aliados de Bolsonaro, vote para aprobar la medida en los próximos días.
El contenido y destino finales de la propuesta de ley aún no están claros. Los líderes legislativos han insinuado que podrían cambiar algunos aspectos de la legislación, y las posibilidades de que se apruebe en el Senado, donde los oponentes a Bolsonaro son mayoría, parecen mucho menos certeras.
Sin embargo, independientemente del futuro de esa propuesta, tanto ese proyecto como otras iniciativas para investigar a las encuestadoras por sus recientes errores de cálculo forman parte de una narrativa más amplia, sin evidencias, promovida por Bolsonaro y sus aliados, según la cual la clase política y la izquierda de Brasil tratan de amañar las elecciones en su contra.
Mientras Brasil se prepara para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de octubre, las encuestas siguen mostrando que Bolsonaro está rezagado detrás de su rival de izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la contienda luce cada vez más cerrada.
Por su parte, Bolsonaro optó por tildar a las empresas encuestadoras de “mentirosas” y denunciar que sus errores cambiaron hasta tres millones de votos a favor de Da Silva en la primera ronda electoral, y ha abogado para que las firmas enfrenten consecuencias. “No es por haberse equivocado, ¿OK? Una cosa es cometer un error”, puntualizó. “Es por los delitos que cometieron”.
Bolsonaro no ha aclarado qué delitos considera que se cometieron. La Asociación Brasileña de Empresas Encuestadoras declaró en un comunicado que estaba “ofendida” por los intentos de criminalizar las encuestas que arrojan pronósticos equivocados.
“Iniciar este tipo de investigación durante el periodo de campaña para la segunda vuelta electoral, cuando las encuestadoras están realizando su trabajo, demuestra otro intento flagrante de obstruir la investigación científica”, aseveró el grupo.
Las firmas encuestadoras agregaron que su trabajo no era predecir elecciones, sino brindar un panorama general de las intenciones de los electores en el momento en que se realiza una encuesta.
El proyecto de ley en el Congreso no es el único recurso que se ha entablado contra las encuestadoras. A petición de la campaña de Bolsonaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil le ordenó a la policía federal que abriera una investigación contra las encuestadoras por los sondeos que realizaron antes de la primera ronda electoral. Además, la agencia federal antimonopolio de Brasil inició sus propias pesquisas sobre las principales instituciones encuestadoras de la nación por posible colusión.
Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal y director del tribunal electoral del país, no tardó en ordenar la suspensión de ambas investigaciones, tras señalar que carecían de jurisdicción y parecían cumplir las órdenes políticas del presidente. A su vez, Moraes le ordenó al tribunal electoral de Brasil investigar si Bolsonaro trataba de usar de manera indebida el poder que tiene sobre las agencias federales.
FUENTE:nytimes.com
