El senador Branko Marinkovic exigió investigar los presuntos nexos entre el crimen organizado y funcionarios o actores políticos, y pidió que se conozcan los nombres, llamadas, conversaciones y contactos que puedan surgir del análisis de los teléfonos celulares del exfiscal general Roger Mariaca y de otras personas detenidas en el marco de las investigaciones.
Marinkovic anunció que presentará una Petición de Informe Escrito al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno para solicitar información sobre el desdoblamiento de esos dispositivos y los elementos que pudieran contribuir a esclarecer el alcance de las presuntas redes de protección.
“El Gobierno debe abrir la investigación y mostrar todas las pruebas. Que se publiquen los nombres, las llamadas, los chats y los vínculos”, manifestó el legislador en una publicación en sus redes sociales.
El senador sostuvo que las declaraciones del viceministro Maldonado respaldarían su denuncia sobre una presunta estructura de protección política dentro del Estado. Sin embargo, reclamó que esas afirmaciones se traduzcan en investigaciones y pruebas que permitan establecer quiénes estarían involucrados.
Reforma al Ministerio Público y cambio de fiscal
Marinkovic vinculó su reclamo con el debate legislativo sobre las modificaciones a la Ley del Ministerio Público, iniciativa que, según afirmó, presentó junto con los senadores Ávila y Pareja y que permitió la destitución de Mariaca.
En ese contexto, sostuvo que la llegada de un nuevo fiscal general debe abrir una etapa orientada a recuperar la independencia de la justicia y evitar que las instituciones sean utilizadas para proteger intereses particulares.
“Bolivia no aguanta más impunidad. Los bolivianos tenemos derecho a conocer toda la verdad”, expresó.
La petición del senador coloca el foco en el acceso a la información obtenida de los dispositivos electrónicos y en la identificación de posibles vínculos entre personas investigadas y funcionarios públicos.
El punto central será establecer qué revelan efectivamente las pericias telefónicas, qué elementos cuentan con respaldo documental y si existen indicios verificables de protección política. Las acusaciones deberán ser contrastadas con los resultados oficiales de las investigaciones y las garantías del debido proceso.
Hasta que las autoridades competentes presenten pruebas y determinen responsabilidades, los presuntos vínculos denunciados deben mantenerse en el ámbito de las hipótesis de investigación.
