El presidente Rodrigo Paz afirmó este miércoles que ya comenzaron a caer los presuntos responsables del supuesto “boicot” dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al referirse a la crisis generada por la distribución de gasolina de mala calidad que afectó a miles de vehículos en el país.
Durante un encuentro con representantes de instituciones de Chuquisaca, el mandatario sostuvo que el Gobierno inició un proceso de depuración dentro de la estatal petrolera y advirtió que las investigaciones también alcanzarán a unidades de transparencia en algunos ministerios.
“Nos han dado duro y ya están cayendo. El otro día hemos sacado más de cuatrocientos y pico funcionarios de YPFB, pero es que tenemos mucho más; YPFB representa cerca de cinco mil empleados”, declaró el jefe de Estado.
Paz atribuyó la crisis en la distribución de combustibles a estructuras internas que, según dijo, se habrían beneficiado durante años del sistema de subvención de hidrocarburos y de determinados “negocios” dentro del sector. En su criterio, la ruptura de esas redes de poder habría provocado resistencias y presuntos sabotajes dentro de la cadena de producción y distribución.
“Todo es corrupción, todo es coima, todo son pleitos (…) La ruptura de ciertos negocios y ciertas estructuras de poder que vivían de la subvención y de otros formatos vinculados a los hidrocarburos, en el fondo es lo que estamos sufriendo ahora”, sostuvo.
El presidente también denunció que algunas unidades de transparencia institucional no habrían cumplido con su obligación de denunciar irregularidades, lo que —según afirmó— estaría frenando el esclarecimiento de procesos relacionados con licitaciones y compras directas en el sector energético.
“Resulta que los equipos de transparencia de algunos ministerios no hacen la denuncia. Entonces nos damos cuenta que ahí están boicoteando. Estamos empezando a sacar gente que frenaba el proceso de esclarecer las denuncias”, indicó.
Paz advirtió que el Gobierno no retrocederá en lo que definió como una “lucha interna” contra lo que denominó el “Estado tranca”, una estructura burocrática y de intereses que, a su juicio, obstaculiza las reformas dentro de las instituciones públicas.
Según el mandatario, de no desmontarse estas prácticas, Bolivia podría enfrentar problemas estructurales en su desarrollo económico y en la gestión de sectores estratégicos como los hidrocarburos.
La declaración se produce en medio de la polémica por la calidad de la gasolina distribuida en el país y tras el anuncio de la desvinculación de más de 400 funcionarios de YPFB en el marco de un proceso de reestructuración interna.
