El Gobierno, mediante el Ministerio de Medio Ambiente, ingresó en una controversia con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) respecto a las características de las tierras donde se registran los incendios forestales.
La CAO afirma que la mayoría de los focos de calor en Santa Cruz (casi 80%) está en tierras sin supervisión adecuada, como las fiscales y comunitarias; sin embargo, el Gobierno señala que el parámetro válido la superficie de costra, es decir el suelo que resultó quemado.
“Es una variable fija (la costra), es como en el cacho: lo que se ve, se anota”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer.
Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, se registran 3,8 millones de hectáreas afectadas por las quemas, de las cuales 46% están en tierras clasificadas como empresarial, mediana. El tanto, el 34% es de tierras fiscales, el 12% de la costra está en territorios comunitarios, el 4% son pequeñas propiedades y el 1% en ríos y caminos.
“Midiendo la superficie afectada podemos establecer que el mayor porcentaje de afectación se encuentra en propiedad empresarial, mediana”, enfatizó el Lisperguer.
Dijo que no sabe cuál es la intención de la CAO o qué pretendía demostrar.
El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Luis Flores, acotó que ya se tiene 82 procesos iniciados por las quemas, además que se tiene identificados a más de 42 propietarios de predios privados.
IDENTIFICARÁN A LOS QUE PROVOCARON INCENDIOS
Por su lado, el director de la ABT recordó que hasta la fecha fueron activados 82 procesos penales por incendios, “de los cuales tenemos identificados a más de 42 personas que son propietarios de predios privados”.
Se hará “conocer (la nómina de) quienes han quemado y han provocado incendios que han devastado nuestros bosques”, con más de 3 millones de hectáreas calcinadas, anunció.
“De todas estas personas que hemos iniciado un proceso, hay cuatro que se sometieron a un procedimiento abreviado, por lo cual, en cualquier momento van a solicitar su libertad”, advirtió.
En otro caso iniciado en el municipio de San Ignacio de Velasco, un juez dio libertad irrestricta a una persona pese a que fue encontrado en una flagrancia con combustible, y en Guarayos, el Ministerio Público no presentó la imputación contra otro pirómano.
Flores solicitó al Ministerio Público y a los jueces “actuar de acuerdo con ley”, porque, a pesar de que se realizan todas las acciones y se presentan las pruebas, los responsables son liberados y eso “enoja a la población y a nosotros”.
Además, convocó a lo CAO, alcaldes, asambleístas y a los controles sociales a adherirse a los procesos para que se haga justicia.
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