La llegada de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) a la provincia Ángel Sandoval no es únicamente un hecho técnico en materia de distribución eléctrica. Es, sobre todo, un gesto político con fuerte contenido simbólico: la convergencia entre el Gobierno central y una institución emblemática del modelo cooperativo cruceño para resolver una deuda histórica en una región fronteriza.
El acuerdo establece que, desde el 2 de marzo, la CRE asumirá la distribución de la energía generada por Empresa Nacional de Electricidad (Ende) en San Matías, culminando un proceso de transferencia regulado por la Resolución Nº 28/2026 de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Se trata de la consolidación de un sistema eléctrico regional aislado que integra formalmente a Ángel Sandoval al esquema cooperativo departamental.
El discurso de la descentralización productiva
Durante el acto oficial realizado en la casa de Gobierno departamental en la Plaza 24 de Septiembre, el presidente Rodrigo Paz planteó una tesis que va más allá del caso puntual: el desarrollo debe construirse desde las regiones, con responsabilidad y capacidad de gestión propia.
Su mensaje combinó tres ejes centrales:
Descentralización con corresponsabilidad.
Paz defendió que el Estado nacional debe resolver lo que le compete, pero que las regiones deben asumir aquello que pueden gestionar con mayor eficiencia. El acuerdo CRE–Ende fue presentado como ejemplo de una nueva etapa autonómica basada en resultados y no en confrontación.
Producción antes que conflicto.
En un tono crítico hacia la cultura del bloqueo, sostuvo que Bolivia necesita un “gran acuerdo nacional” enfocado en producir y crecer. La energía —más estable y a menor costo— aparece como condición previa para el desarrollo agroindustrial y comercial en la frontera oriental.
Confianza verificable.
El mandatario insistió en que la descentralización no puede ser un acto retórico, sino un ejercicio de confianza institucional con mecanismos claros de responsabilidad y cumplimiento.
En ese marco, vinculó el caso de San Matías con una visión geopolítica más amplia: fortalecer la articulación entre departamentos y potenciar la relación con Brasil, particularmente en zonas estratégicas como el hito Cuatro Hermanos.
CRE: culminación de un anhelo histórico
Por su parte, el presidente de la cooperativa, José Alejandro Durán, enmarcó la incorporación de Ángel Sandoval como el cumplimiento de un sueño fundacional: prestar servicio en las 15 provincias cruceñas.
Fundada el 14 de noviembre de 1962, la CRE nació en una Santa Cruz con infraestructura precaria y escasa cobertura eléctrica. Inició operaciones formales en 1970 con 10.000 asociados; hoy supera el medio millón de socios y registra más de 877.000 conexiones eléctricas, con una cobertura cercana al 96% en su área de concesión.
Durán subrayó que la cooperativa distribuye cerca del 50% de la energía eléctrica generada en Bolivia y mantiene más de 20 programas de responsabilidad social. La asunción integral de generación, transporte y distribución en Ángel Sandoval, afirmó, representa un acto de “justicia histórica” para una provincia que permanecía aislada del sistema cooperativo departamental.
Energía como política de Integración. San Matías no es un municipio cualquiera. Es un punto fronterizo estratégico, con potencial productivo y comercial vinculado al mercado brasileño. La mejora en la calidad y el costo del servicio eléctrico puede convertirse en catalizador de inversión privada, formalización económica y fortalecimiento institucional.
El acuerdo también demuestra que el modelo cooperativo puede coexistir —y complementarse— con la estructura estatal nacional. Lejos de ser una pugna entre centralismo y autonomía, el caso evidencia una fórmula de cooperación funcional: la estatal genera, la cooperativa distribuye y el regulador supervisa.
Más que un acto administrativo. La incorporación de Ángel Sandoval a la red de la CRE tiene un fuerte contenido simbólico: integra territorialmente al departamento “de punta a punta”, como señaló la dirigencia cooperativa. Pero también plantea un desafío: sostener la calidad, cumplir estándares regulatorios y traducir el discurso político en mejoras concretas para hogares, comercios y emprendimientos.
En un país marcado por tensiones históricas entre el centro y las regiones, el acuerdo CRE–Ende ofrece una señal distinta: cuando la voluntad política se combina con capacidad técnica e institucional, la descentralización deja de ser consigna y se convierte en política pública.
La energía, en este caso, no solo ilumina calles y viviendas; ilumina una ruta posible para el desarrollo territorial de Bolivia.
Camacho: energía como bien estratégico no politizable
Uno de los impulsores del acuerdo, el gobernador Luis Fernando Camacho, subrayó que la electricidad debe ser entendida como un bien estratégico y no como un instrumento de disputa partidaria.
Afirmó que en el pasado se intentó politizar el sistema eléctrico departamental y recordó que desde San Matías se promovieron iniciativas orientadas a intervenir la cooperativa durante gestiones vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS).
“La energía no solo es luz, sino también desarrollo. Con electricidad Santa Cruz pasó en pocas décadas de ser una aldea a la gran metrópoli”, sostuvo, enfatizando que el crecimiento urbano, industrial y agroproductivo del departamento está directamente asociado a la expansión de la infraestructura eléctrica.
Para Camacho, la consolidación de las 15 provincias bajo el sistema cooperativo representa no solo integración territorial, sino la reafirmación de un modelo autonómico basado en gestión eficiente y arraigo regional.
San Matías, por su ubicación estratégica en la frontera con Brasil, tiene un potencial productivo que depende de infraestructura confiable. Una energía más estable y competitiva puede estimular emprendimientos, comercio y articulación logística regional.
La alianza CRE–Ende demuestra que el cooperativismo y el Estado pueden complementarse bajo regulación clara y objetivos comunes. Más que una transferencia administrativa, se trata de un acuerdo que redefine el equilibrio entre centralismo y autonomía en clave de desarrollo.
En un país donde las tensiones territoriales han marcado la agenda política durante décadas, la energía vuelve a colocarse en el centro del debate: no como consigna ideológica, sino como palanca concreta para transformar regiones y consolidar un proyecto nacional basado en producción, integración y confianza institucional.
