El consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció que se realizará un levantamiento técnico del proceso judicial contra Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, para determinar si existen responsabilidades en la actuación del juez que otorgó medidas sustitutivas en lugar de la detención preventiva.
“Vamos a hacer un levantamiento técnico de las documentaciones para valorar correctamente el proceso y emitir un criterio con responsabilidad, ya sea en falta disciplinaria o procesos penales para la autoridad jurisdiccional que haya permitido la libertad sin valorar adecuadamente los documentos relacionados con las víctimas”, afirmó Spencer.
El consejero aclaró que el Consejo de la Magistratura no puede intervenir en el fondo de la decisión judicial, pero sí realizará un control y fiscalización para evaluar si la autoridad jurisdiccional cumplió con garantizar el debido proceso.
Aseguró que, en caso de encontrar irregularidades, serán drásticos en sancionar a los administradores de justicia.
El Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno apelaron la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a Felipe Cáceres, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba.
Cáceres, de 63 años, fue aprehendido en el sindicato cocalero Esmeralda, municipio de Puerto Villarroel, durante un operativo antidrogas.
En el lugar, la fuerza antidroga destruyó un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína con capacidad para producir entre 150 y 160 kilos de droga.
Según Carlos Spencer, el Consejo de la Magistratura mantiene su compromiso de garantizar el debido proceso y sancionar cualquier irregularidad en la administración de justicia.
El consejero de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció que se realizará un levantamiento técnico del proceso judicial contra Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, para determinar si existen responsabilidades en la actuación del juez que otorgó medidas sustitutivas en lugar de la detención preventiva.
“Vamos a hacer un levantamiento técnico de las documentaciones para valorar correctamente el proceso y emitir un criterio con responsabilidad, ya sea en falta disciplinaria o procesos penales para la autoridad jurisdiccional que haya permitido la libertad sin valorar adecuadamente los documentos relacionados con las víctimas”, afirmó Spencer.
El consejero aclaró que el Consejo de la Magistratura no puede intervenir en el fondo de la decisión judicial, pero sí realizará un control y fiscalización para evaluar si la autoridad jurisdiccional cumplió con garantizar el debido proceso.
Aseguró que, en caso de encontrar irregularidades, serán drásticos en sancionar a los administradores de justicia.
El Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno apelaron la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria a Felipe Cáceres, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba.
Cáceres, de 63 años, fue aprehendido en el sindicato cocalero Esmeralda, municipio de Puerto Villarroel, durante un operativo antidrogas.
En el lugar, la fuerza antidroga destruyó un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína con capacidad para producir entre 150 y 160 kilos de droga.
Según Carlos Spencer, el Consejo de la Magistratura mantiene su compromiso de garantizar el debido proceso y sancionar cualquier irregularidad en la administración de justicia.
